La Fiscalía certificó por medio de un documento que Álvaro Leyva Durán, exministro y negociador del gobierno en los diálogos con las Farc, fue interceptado ilegalmente por funcionarios de la Fiscalía entre el 19 de febrero y el 11 de julio del 2013, periodo en el que Eduardo Montealegre estuvo a cargo de la entidad.
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Respecto al caso, se conoció que la Fiscalía adelanta las investigaciones pertinentes para determinar los responsables de las interceptaciones que la misma entidad califica como ilegales, tanto quienes las ordenaron como quienes las ejecutaron.
El episodio se conoció porque la apoderada de Leyva realizó una solicitud al ente acusador para conocer si su cliente hacía parte de las personas que recientemente habrían sido interceptadas por integrantes y no integrantes de la Fuerza Pública.
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La vicefiscal Martha Janeth Mancera durante una rueda de prensa reconoció la calidad de víctima del exministro dentro de un caso que adelanta un fiscal ante el Tribunal Superior de Bogotá por las denominadas chuzadas.
De acuerdo con la funcionaria, en la respuesta al derecho de petición solicitado por la abogada de Leyva se le indicó que dentro de la investigación adelantada en la extinta Unidad Nacional Antinarcóticos e Interdicción Marítima, Unai, el abonado celular del exministro fue objeto de interceptación dentro del periodo ya señalado.
“Dentro de los lineamiento establecidos en el Código de Procedimiento Penal la interceptación es ilegal por cuanto la fuente anónima es falsa y los resultados obtenidos de las interceptaciones no se les impartió legalidad por parte de un juez de control de garantías”, indicó Mancera.
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Y añadió: “la Fiscalía en el marco de sus competencias continuará investigando este caso, no solamente con quienes solicitaron la interceptación de este abonado sino también con los determinadores o personas que tenían interés para interceptar este abonado”.
De acuerdo con la funcionaria “la Fiscalía es implacable en la afectación al derecho a la intimidad que le pueda pasar a cualquier colombiano que no tenga un soporte o un motivo para poder interceptar las comunicaciones en el territorio colombiano”.
Indicó que se tuvo conocimiento de que las interceptaciones eran ilegales luego de que la revista Semana, en noviembre del año pasado, publicara los nombres de algunas personas que pudieron ser víctimas y la Fiscalía los contactara directamente para adelantar una investigación.
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Mancera dio a conocer que las interceptaciones pudieron haber sido adelantadas en una de las salas de la Policia Nacional a través de su policía judicial, Dijin y que por los hechos están siendo investigados los funcionarios que solicitaron las interceptaciones.
Reiteró que busca determinar no solo quienes la solicitaron sino también quienes las ordenaron o tuvieron algún interés en que se realizaran.
Respecto a este punto, aclaró que no se puede decir que el exfiscal Fabio Martínez Lugo, procesado por chuzadas a directivos de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac) y del presidente para Latinoamérica del Grupo Enel - Codensa, sea quien haya ordenado las interceptaciones.
“Este caso no es el único que la Fiscalía ha adelantado. Hemos hecho varias investigaciones de las que hemos obtenido sentencias condenatorias y continuamos explorando algunas otras interceptaciones que se hubieran hecho en el periodo que estamos investigando”, indicó la vicefiscal.
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