La afiliación del representante a la Cámara por Risaralda Gabriel Jaime Vallejo Chujfi con la Fundación para el Desarrollo de Risaralda tiene hoy en riesgo no solo su curul, sino su posibilidad de volverse a presentar a cargos de elección popular en la vida.
Vallejo, quien en 2018 fue elegido por el partido Centro Democrático con 23.698 votos, enfrenta en el Consejo de Estado una demanda de pérdida de investidura, que fue admitida para estudio el 3 de julio pasado.
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La pérdida de investidura significa que esa persona no puede volver a ocupar nunca cargos de elección popular, por lo que se le conoce como ‘muerte política’.
El recurso en contra del representante tiene que ver con que, según registros de la Cámara de Comercio de Pereira, él aparece como miembro principal de la junta directiva de la Fundación para el Desarrollo de Risaralda, esto desde 2003 hasta el 13 de enero pasado. Esa Fundación ha tenido varios contratos con el Estado.
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El régimen de inhabilidades para ser congresista establece que no pueden ocupar el cargo quienes hayan intervenido en la celebración de contratos con el Estado en los 6 meses anteriores a su elección, algo que, a juicio del demandante, Vallejo incumplió.
El demandante también señala que el representante igualmente incumple el régimen de incompatibilidades, es decir lo que no pueden hacer los congresistas, porque este establece que los parlamentarios no pueden ocupar cargos privados o públicos, ni celebrar contratos con entidades públicos, ni hacer lo mismo con personas naturales o jurídicas que administren, manejen o inviertan fondos públicos o sean contratistas del Estado o reciban donaciones de este.
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Como hasta enero de 2019, es decir más de seis meses después de haber sido elegido y de haberse posesionado como Congresista, Vallejo seguía siendo miembro de la junta directiva de la Fundación, que tuvo contratos posteriores con entidades estatales.
El caso sigue siendo analizado por el Consejo de Estado, a donde ya llegó una intervención del propio representantes así como otra de de la Procuraduría.
Aún falta que se convoque a una audiencia pública en la que las partes pueden expresar sus argumentos, tras de lo cual una sala especial de decisión del alto tribunal tomará una decisión sobre la investidura de Vallejo.
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