Mayor Gloria Otálora pide al Procurador que revise su inhabilidad – Investigación – Justicia




Han pasado 12 años desde que la mayor de la Policía Gloria Lucía Otálora Gómez, jefe del Grupo de Ingeniería y Soporte de la Dipol en el 2008, fue inhabilitada para ejercer cargos públicos durante 18 años. Esto en virtud de que, para la Procuraduría General, dirigida en ese entonces por Edgardo Maya Villazón, Otálora violó comunicaciones privadas de agentes del Estado sin autorización judicial previa.

Ahora, la mujer le pide al Procurador Fernando Carrillo revisar esa decisión. 

En ese momento, fueron filtrados a la revista ‘Semana’ documentos y otras informaciones sobre filtraciones ilegales de comunicaciones telefónicas a funcionarios, congresistas, periodistas y hasta un jefe de Misión de la OEA, estas en relación con el proceso de paz con los paramilitares.

En una carta fechada este 29 de julio, Otálora argumenta que “el verdadero responsable declaró ante la Fiscalía General de la Nación” y que en su contra se adelantó proceso penal. Se refiere al patrullero Elkin Yesid Oviedo Bueno, a quien, dice, “no se le dio una inhabilidad tan dura como la mía”, pese a que fue privado de la libertad.

Para ella, la confesión de Oviedo la exonera de toda responsabilidad, como se lee en la carta:

En la misiva, dirigida a Carrillo, la mayor dice que ha sido expuesta a la opinión pública “como una delincuente, sin tener nada que ver con lo que se me acusó”, e insiste en su inocencia.

“He decidido pedirle que revise mi caso, que a una primera vista se nota que existió una equivocación, o tal vez omisión de pruebas que demuestran mi honestidad”, le dice Otálora a Carrillo. Según ella, la Procuraduría de ese entonces “orientó la investigación” en su contra.

Aunque la mujer ha presentado recursos ante el Consejo de Estado y la Corte Constitucional para que sea revisada su inhabilidad, estos no han prosperado. En junio del año pasado, el Consejo de Estado falló manteniendo el sentido de la decisión de la Procuraduría

No obstante, ella asegura que hubo irregularidades en su proceso. “Se puede decir que se violó el derecho a mi defensa, porque se me sancionó sin dárseme la oportunidad de demostrar lo contrario a la luz del ordenamiento jurídico”, asegura.

ELTIEMPO.COM

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