Desde 2017, en ningún año se han usado todos los recursos que se tenían previstos para la implementación del acuerdo de paz con las Farc.
Ese año se creó el ‘Marco fiscal de mediano plazo’, con el cual se estableció cuánto se invertiría en el posconflicto cada año, y se dijo que toda la puesta en marcha del proceso de paz costaría unos 129,1 billones de pesos.
Entre 2017 y 2019, del total de recursos que se planearon solo se usaron $ 15 billones, el 65 por ciento de lo estipulado: por cada $ 100 disponibles para la paz, $ 35 no se tocaron.
De seguir a este ritmo, la implementación del acuerdo de paz, que en teoría iba a tardar 15 años, tardaría en realidad 25. Así lo evidenció el cuarto informe de la Contraloría General, conocido por EL TIEMPO y enviado al Congreso, en el que la entidad les hace seguimiento a los recursos del posconflicto.
El informe plantea que entre 2017 y 2019 se gastó el 12 por ciento de los recursos disponibles para implementar la paz en los 15 años siguientes a la firma del acuerdo. En términos generales, la Contraloría alerta de un “posible incumplimiento de compromisos” pactados en el Acuerdo Final.
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El primer año de implementación se gastaron $ 4,9 billones, de los 8,17 que había disponibles. El segundo año, la inversión fue de 4,01 billones, frente a 7,61 que se habían planeado.
2019 fue la vigencia en la que más se cumplió con el objetivo de invertir los recursos que se tenían como meta: se usaron $ 6,21 billones de $ 7,55 disponibles. La razón, explica el informe, es que se reasignó parte del gasto social del Presupuesto General de la Nación (PGN).
Y este año van unos $ 4,83 billones, de unos $7,3 billones guardados para la paz.
Además de que no se están usando todos los recursos que se habían estipulado, la Contraloría afirma que preocupa el desbalance entre los dineros que se invierten para unos y otros programas del Acuerdo Final, y que esta diferencia afecta “las necesidades más urgentes de la implementación”.
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Por ejemplo, mientras que el año pasado el 19 por ciento del presupuesto de la paz se lo llevó el programa de educación rural, y este año el 35 por ciento, otros puntos, también importantes, se están quedando muy rezagados en financiación.
Es el caso del ordenamiento social de la propiedad, en el que apenas se ha invertido un uno por ciento de los recursos, o el de los Planes de Acción Para la Transformación Regional (Patr), con un 3 por ciento. También se han asignado muy pocos recursos (2 por ciento) para el punto cuatro del acuerdo de solución del problema de cultivos de uso ilícito.
La Contraloría alerta, entre los riesgos de la baja ejecución, que casi todas las fuentes de financiación del acuerdo, a excepción del PGN, se ejecutaron por debajo de lo estipulado en 2019 y hasta el primer trimestre de 2020.
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En detalle, fueron $ 4,3 billones del PGN, de los cuales $ 3 billones se destinaron a 120 proyectos. Una tercera parte de esta cantidad ($ 0,92 billones) se destinó a un proyecto de apoyo al desarrollo de la primera infancia.
Llama la atención que mientras los recursos del PGN se ejecutaron por encima de lo estipulado (197 por ciento), los de las entidades territoriales apenas llegaron al 3 por ciento. Los de cooperación internacional y de origen privado también tuvieron alta ejecución, con 86 y 82 por ciento, respectivamente.
Los del Sistema General de Regalías llegaron al 41 por ciento, y del Sistema General de Participación no se ejecutó nada.
Según el informe, menos del uno por ciento de lo ejecutado en 2019 se financió con el Sistema General de Participación, lo que está por debajo de las expectativas. Y agrega que la implementación se enfrenta a la debilidad técnica que tienen los municipios para la adecuada formulación de los proyectos de inversión y que proyectos claves de la paz, como los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet), muestran una implementación muy baja.
Otra alerta del informe es que la tercera parte de los proyectos de inversión reportados no corresponden a los objetivos del Plan Marco de Implementación del acuerdo de paz.
Respecto a cada punto del acuerdo de paz, el primero, que se refiere a la reforma rural integral, es el que más dinero ha ejecutado cada año. Pasó de $ 2,5 billones en 2017 y $ 2,1 en 2018 a $ 4,5 billones el año pasado.
La mayor parte de recursos se han ido a proyectos de infraestructura y adecuación de tierras, con $ 1,08 billones. La Contraloría alerta, sin embargo, que hay un déficit de financiación que, solo en lo referido a los Planes Nacionales Sectoriales formulados hasta ahora, es de 54,5 billones de pesos.
En el punto de fin del conflicto, tercero del acuerdo, el 95 por ciento de lo ejecutado en 2019 se destinó al pilar de reincorporación de las Farc a la vida civil y el 5 por ciento restante, en el de garantías de seguridad y lucha contra organizaciones criminales.
Por otro lado, hay una disminución de 54 por ciento en la ejecución del punto cuatro, de solución del problema de las drogas ilícitas, entre 2017 y 2019. De hecho, al comparar lo planeado en 2020 con lo del 2017, la disminución es de 93 por ciento. En este punto, el 75 por ciento de recursos se han destinado al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (Pnis) y menos del uno por ciento, a prevención del consumo y salud pública.
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