El médico Ignacio Alberto Soler Moreno está hace cuatro días privado de la libertad en la estación de policía de Usaquén, norte de Bogotá, a la espera de que se defina su centro de reclusión.
Un juez le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario por su presunta responsabilidad en la muerte de Wendy Alexándra Buesaquillo, en medio de un procedimiento estético, en hechos registrados el 4 de julio.
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Él es uno de los ciudadanos que a diario son enviados a los centros de detención transitoria –estaciones de policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía–, que hoy registran un hacinamiento del 153 por ciento.
Legalmente, el sitio de reclusión de los sindicados es responsabilidad de los municipios y departamentos, y no del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
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EL TIEMPO conoció el informe que las autoridades le entregaron al Consejo de Política Criminal, con corte al 19 de junio, en el que advierten de la crítica situación, agravada por la pandemia, al confirmar que en estos centros de detención transitoria se registran 246 contagios, 181 de ellos en Bogotá.
Según el documento, son 12.407 los retenidos en estaciones y URI: 10.489 sindicados y 1.918 condenados. Llama la atención que 1.375 de los sindicados llevan más de un año recluidos en las estaciones de policía. Y en las URI 45.De igual forma, 213 personas tienen medida domiciliaria, pero no se ha hecho efectiva.
“Se volvió un problema hacer una captura. A veces se dura horas con el detenido sin saber dónde ubicarlo”, señaló un investigador de la Policía de Bogotá.
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El informe dice que el 12 de marzo, el Inpec expidió una directiva interna que suspendió el ingreso de capturados provenientes de estaciones de policía y URI.
Una fuente del Inpec señaló a EL TIEMPO que la reducción del hacinamiento en las cárceles no se refleja en el de los centros de retención transitorios. “Con el decreto de excarcelación y otras acciones, el hacinamiento en los centros de reclusión llegó a 30 por ciento en julio, es decir, se logró disminuir en más de 20 puntos, pero aun así hay sobrepoblación carcelaria, y es difícil el tema de los traslados, y más en medio de la pandemia”.
En los últimos cuatro meses, 14.487 detenidos han salido de las prisiones. La población carcelaria pasó de 122.820 a 108.333 internos. El informe da cuenta de que 1.753 policías están cuidando a los detenidos en estaciones y URI.
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Se volvió un problema hacer una captura. A veces se dura horas con el detenido sin saber dónde ubicarlo
El 4 de junio, el Gobierno expidió el Decreto 804 de 2020, que faculta a gobernadores y alcaldes para “la adecuación, ampliación o modificación de inmuebles destinados a centros transitorios de detención”.
En Bogotá ya se está dando cumplimiento al decreto, y según el secretario de Seguridad Hugo Acero, se está negociando la compra de una bodega para adecuarla. Serían trasladados entre 400 y 500 personas que están en estaciones de policía y URI.
“Este proyecto se viene gestionando hace tres meses. Inicialmente, la propuesta era arrendar una bodega y adaptarla a las medidas de seguridad requeridas, pero se decidió mejor comprarla, para lo que se cuenta con un presupuesto de 15.000 millones de pesos”, aseguró Acero.
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El secretario señaló que recibieron la ciudad con 1.300 personas recluidas en los centros transitorios, lo que se traducía en un hacinamiento del 143 por ciento. “Ahora tenemos 1.900, pero el hacinamiento disminuyó al 124 por ciento debido a que se han adoptado lugares para su redistribución, como el Centro de Traslado de Protección, donde habilitamos 300 cupos”. Acero señaló que en los próximos días se contará con 120 cupos más en la cárcel Distrital.
También dijo que se planea construir una cárcel en la ciudad, proceso que está en marcha y podría concretarse en tres años.
Otra es la situación que se registra en el Cerrito, Valle, donde no hay cárcel. Su alcaldesa, Luz Dary Roa Prado, en coordinación con la Policía, decidió distribuir los 24 capturados que estaban en la estación “para garantizar su salud y superar el hacinamiento”, y dijo: “Dividimos los capturados y los enviamos a las estaciones de los corregimientos Santa Helena y El Placer. Allí les garantizamos alimentación y atención básica”.
La alcaldesa espera las decisiones del Gobierno para saber cuándo se reactivan los traslados a las cárceles.
JUSTICIA
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