Este martes, fue radicada en la Fiscalía General de la Nación una denuncia que pide investigar a la Policía Nacional por “posibles excesos en el uso de la fuerza contra los ciudadanos que, en el ejercicio de su derecho fundamental a la protesta pacífica, fueron víctimas de agresiones”.
La denuncia fue instaurada por los senadores Iván Cepeda, del Polo Democrático, y Gustavo Bolívar, del movimiento Decentes, junto con organizaciones de derechos humanos como el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y la Asociación Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos.
Los congresistas piden que sean investigados el director de la Policía Nacional, general Óscar Atehortúa, y el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Hoover Penilla. Además, al director de Seguridad Ciudadana, a cargo del cual está el Esmad, general Jorge Luis Vargas Valencia, a quienes señala como “máximos responsables del abuso policial”.
Los denunciantes argumentan que los altos mandos policiales deben ser investigador por homicidio agravado, lesiones personales, abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, tortura, concierto para delinquir, pánico y calumnia.
La denuncia referencia más de 15 casos en los que, dice, consta que el Esmad y la Policía de Bogotá “no atendieron a los criterios establecidos internacionalmente” y habrían vulnerado la protección de los derechos de reunión y asociación, entre otros.
Entre los casos mencionados aparece la muerte del joven Dilan Cruz, fallecido este lunes, dos días después de ser impactado por un proyectil que disparó un agente del Esmad, así como las lesiones a la comunicadora gráfica Diana Rocío Pinzón, quien fue agredida cerca de la Universidad de los Andes. También el caso de Faustino Vargas Sanabria, un ciudadano que fue impactado por una “bala perdida” en el desarrollo de los hechos del viernes en la noche que generaron pánico en Bogotá por una supuesta oleada vandálica que luego fue calificada por las autoridades como orquestada para generar terror en la ciudadanía.
Los denunciantes anexaron videos y fotografías relacionadas con estos hechos, entre los cuales hay algunos que ya fueron conocidos por la opinión pública a través de redes sociales. Según ellos, “se evidencia la presunta responsabilidad de la Fuerza Pública en los delitos que se solicitan investigar, algunos de ellos por anuencia y complicidad”.
Según la campaña ‘Defender la Libertad’, se han registrado 931 detenciones de personas y al menos 25 ciudadanos resultaron heridos entre el 21 y 23 de noviembre. Según informe de la Fiscalía presentado el lunes, las capturas habrían sido 172 hasta ese momento.
Sin embargo, los denunciantes consideran que puede haber un subregistro, pues a nivel nacional, solo el 21 de noviembre, se habrían registrado 123 personas lesionadas en Centros Reguladores de Urgencias y Emergencias.
También señalaron que citarán a debate de control político al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, y a la cúpula de la Policía Nacional. Y que enviaron una comunicación de la situación del país a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
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