Luego de recibir un concepto en el que la Agencia de Defensa Jurídica del Estado (Andje) recomienda demoler todo el edificio Aquarela, con cobro a los constructores, y ofrece su apoyo legal para demandas que puedan llegar, la Alcaldía de Cartagena ya estudia cómo se hará esa demolición.
Este edificio, ubicado a pocos metros del castillo de San Felipe, ha sido criticado por el Ministerio de Cultura, que ha recalcado que estudios advierten que no cumple integralmente con las normas de sismorresistencia, y que, además, pone en riesgo la declaratoria de la ciudad como patrimonio de la humanidad.
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La Procuraduría General de la Nación también ha pedido la demolición de la edificación varias veces, incluso, hace unos días, instauró una tutela en contra de la Alcaldía de Cartagena porque la torre sigue en pie.
En el recurso, el Ministerio Público solicita proteger derechos fundamentales a la vida e integridad personal y pide ordenar al distrito de Cartagena cumplir una orden policiva de recuperación del espacio público y demolición de la edificación, para la entidad, con esto cesarían también “los graves riesgos que ocasiona esta construcción”.
La tutela fue interpuesta el 14 de octubre, por lo que en los próximos días sería decidida por un juez, sin embargo, el órgano de control explicó que eventualmente retiraría este recurso si la alcaldía de Cartagena se compromete con un plan de acción que garantice la protección de los derechos que están en riesgo, en el que, consideran, lo primero es declarar un estado de calamidad pública.
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Al respecto, William Dau, alcalde de Cartagena, confirmó que ya decidieron demoler la edificación y que están pendientes de una hoja de ruta para lograrlo que está elaborando la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Y Myrna Martínez, jefa de la oficina jurídica de Cartagena, explicó que la Alcaldía, añadió: “El concepto de la Andje recomienda dar cumplimiento a la orden de restitución del espacio público, nos encontramos trabajando para proceder al cumplimiento de la decisión política”, indicó la funcionaria.
La funcionaria señaló que el alcalde Dau conversó del asunto esta semana con la ministra de Cultura, el director de la Andje y el Subdirector de la UNGRD.
Según estimados de la Procuraduría, la demolición costaría unos 2.000 millones de pesos –el distrito calcula entre $3.000 y $4.000 millones–, que, dijo el Ministerio Público, deben sufragar los constructores, y, de no hacerlo, los pagará el distrito que luego debe presentar una acción de repetición contra la constructora para recuperar los recursos invertidos.
Y es que la orden de restitución de espacio público se emitió desde el 9 de octubre del 2018, en un fallo policivo con el que la inspección de policía de la ciudad multó a la constructora del edificio con más de 156 millones de pesos y le ordenó restituir los 619 metros cuadrados, correspondientes al área de antejardín, que están ocupando de espacio público.
Para esto, la inspección dio un plazo de dos meses, y si estos se incumplían, se lee en el fallo, “el Distrito en asocio con la Fuerza Pública procederá a realizar esta restitución aplicando la medida correctiva de demolición”.
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Esto no se ha cumplido, por lo que en julio pasado el inspector de Policía, Renzo Orozco, recordó la orden vigente desde 2018 y le dio 5 días a la promotora Calle 47 S.A.S, constructora del edificio, para restituir los 619 metros.
Ese plazo tampoco se cumplió. Orozco explicó que, para poder intervenir el edificio y devolver esos 619 metros, los constructores solicitaron en la curaduría una licencia, la cual les fue negada.
Además, añadió el inspector, los constructores argumentan que una medida cautelar que hay sobre el proyecto –impuesta por un juzgado, en medio de una acción popular del Ministerio de Cultura–, que suspendió las obras en el edificio les impide intervenir la obra. Aunque, en opinión del inspector, esa medida “no interfiere en el cumplimiento de la orden del fallo policivo”.
Demoler, sin una orden judicial implica asumir la responsabilidad patrimonial de resarcir los daños contra los afectados, que además de los constructores, incluye a más de 900 familias cartageneras
Consultados por este nuevo impulso a la demolición total del edificio, Promotora Calle 47 S.A.S expuso que derribar Aquarela sin una orden judicial “implica asumir la responsabilidad patrimonial de resarcir los daños contra los afectados, que además de los constructores, incluye a más de 900 familias cartageneras”.
Añadieron que la orden policiva de restitución es solo sobre una pequeña parte de la edificación, por lo que consideran que la demolición total desconoce el fallo policivo “y resulta completamente desproporcionado e irrazonable”.
Por último, dijeron que seguirán atendiendo todos los requerimientos jurídicos en el marco del debido proceso y que demostrarán la legalidad de sus actuaciones, “el rigor técnico de la obra y, de ser el caso, perseguirá el resarcimiento de los daños causados”.
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