Un análisis de los riesgos que corren los excombatientes en los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) y las medidas para solucionarlos deberán entregar el Ejército y la Policía al Gobierno Nacional en menos de una semana. Esta fue una de las conclusiones del consejo de seguridad de este viernes en Villavicencio, Meta, convocado tras el asesinato del excombatiente y líder del proceso de reincorporación en el espacio de Mesetas, Alexander Parra Uribe.
Para esclarecer lo ocurrido, se acordó que la Policía dispondrá de seis investigadores especializados del cuerpo élite, mientras que la Seccional de Investigación Criminal aportará otros cinco. Estos se suman a los 15 investigadores y dos fiscales que viajaron a la zona junto con la directora de la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía General, Marta Mancera. Una de las decisiones es que Mancera se quedará en la zona investigando.
Emilio Archila, consejero presidencial para la Estabilización, quien participó en el consejo de seguridad, destacó que a la pareja de Parra, Luz Marina Giraldo, le dieron mayores medidas de seguridad. Ella es candidata al Concejo de Mesetas por el partido Farc. Para esa colectividad política, el crimen de Parra está relacionado con el proceso electoral.
Para la candidata se dispuso un esquema de protección con un vehículo blindado, otro convencional y cuatro escoltas. Esto, además del esquema colectivo que tiene la Unidad Nacional de Protección (UNP) en Mesetas, que consta de dos vehículos convencionales y seis personas.
“Vamos a tomar todas las medidas de protección que sean necesarias para la protección de ellos”, dijo Archila, quien agregó que el esclarecimiento del crimen será una prioridad del Gobierno.
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Por su parte, el partido Farc responsabilizó al Gobierno “por la falta de garantías de seguridad y de garantías políticas para cumplir el mandato que estableció el acuerdo de paz en cuanto a nuestra participación política”. El pronunciamiento lo hizo el exguerrillero Pastor Alape, en compañía de otros líderes y congresistas de ese partido político.
Falta de garantías de seguridad y de garantías políticas para cumplir el mandato que estableció el acuerdo de paz en cuanto a nuestra participación política
Además, llamaron la atención para que en la investigación no solo se halle a quien haya accionado el arma.
“Aquí tenemos que entrar a buscar a los autores intelectuales, que son los que establecen toda esta dinámica de violencia en la que se favorecen importantes poderes locales en la política”, dijo Alape, y aclaró que no se refería necesariamente a otras campañas políticas, sino también a poderes económicos. Añadió que, para ellos, es necesario tomar medidas menos “militaristas” y con mayor enfoque de derechos humanos.
El partido Farc aseguró que, con el asesinato de Parra, ya son 177 las personas asesinadas entre excombatientes y familiares de estos.
Entre los compromisos quedó consignado que el consejero Emilio Archila citará a todos los asistentes al consejo de este viernes para el 7 de diciembre, con el objetivo de revisar los avances de estas medidas. Además, en la reunión establecieron que ningún candidato del partido ha pedido medidas de protección especiales hasta el momento.
Por su parte, la Gobernación del Meta ofreció hasta 50 millones de pesos por información que permita esclarecer el homicidio de Alexander Parra Uribe.
Entretanto, la UNP coordinará una mesa técnica para valorar los esquemas de seguridad de los antiguos ETCR, 24 en total. El objetivo es que antes del 31 de enero del próximo año se formulen conclusiones y sugerencias al Gobierno.
POLÍTICA Y JUSTICIA
REDACCIÓN EL TIEMPO
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