Con tutela, trabajadoras domésticas buscan que gobierno las incluya en subsidio – Cortes – Justicia




Mujeres cabeza de familia que antes de la pandemia eran trabajadoras domésticas o tenían trabajos informales, pero que ahora no tienen un sustento que les permita comer tres veces al día y están en riesgo de ser desalojadas.

Esa es la condición de 24 mujeres que, en una tutela, piden que el Gobierno las incluya en el programa Ingreso Solidario (PIS), un subsidio de $ 160.000 mensuales que se creó para los hogares más pobres durante la pandemia de covid-19.

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Las historias de estas mujeres, 15 de ellas migrantes venezolanas, las recogió Dejusticia, que acompaña la tutela. Cristina Annear, investigadora del centro, explicó que identificaron barreras que no están permitiendo que estas mujeres accedan al subsidio, como el hecho de que no son claros los criterios del Departamento de Planeación Nacional (DNP) para concederlo.

“Son mujeres que tienen al menos a una persona a cargo, varias tienen un puntaje de Sisbén inferior a 30, otras no tienen Sisbén porque por la pandemia no les han hecho la encuesta”, indicó Annear, y añadió que hay un requisito de estar debajo de cierto puntaje en el Sisbén, pero existen trabas para aplicar la encuesta o actualizar su puntaje.

Son mujeres que tienen al menos a una persona a cargo, varias tienen un puntaje de Sisbén inferior a 30, otras no tienen Sisbén porque por la pandemia no les han hecho la encuesta

Por otro lado, explicó que no se sabe si el Gobierno excluye del subsidio a hogares no bancarizados, pues de las 24 mujeres, 17 no tienen cuenta de ahorros. Annear señaló que “muchas no tienen medios virtuales ni los requisitos que los bancos exigen para abrir una cuenta, como tener unos ahorros mínimos o, en el caso de migrantes, una cédula de extranjería”.

Además de pedir que las incluyan en el PIS, la tutela también pide que se le ordene al Gobierno publicar los criterios de selección para acceder al programa.

Al respecto, Yanira González, de la Corporación Colonia Venezolana en Colombia (Colvenz), explicó que han identificado que un alto porcentaje de los núcleos familiares migrantes tienen a mujeres como cabeza del hogar y que por la pandemia, muchas “perdieron la poca fuente de ingreso que tenían”, por lo que no tienen cómo solventar los gastos más básicos.

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Añadió que aunque varias de las tutelantes cumplen los requisitos conocidos del PIS, como estar en condición migratoria regular, no han recibido la ayuda.

“Buscamos visibilizar que hay muchísima población migrante, mujeres en particular, en circunstancias muy atenuantes de vulnerabilidad que deberían ser consideradas para recibir ese apoyo, porque, sumado a la situación que ya venían atravesando, se ven mucho más afectadas por la pandemia”, dijo González.

Podrían ser más hogares

Además de las historias de las 24 tutelantes, desde Dejusticia advirtieron que, como ellas, más de 900.000 hogares en situación de vulnerabilidad o pobreza no estarían recibiendo ningún apoyo económico del Estado en la pandemia.

Annear explicó que a esa cifra llegaron al analizar una presentación de pobreza y vulnerabilidad del DNP de este año en la que se menciona que 89 por ciento de los hogares han recibido al menos una transferencia del Estado durante la pandemia.

Si bien es un gran avance, destacó Annear, el 11 por ciento de hogares se están quedando por fuera, lo que equivale a 971.205 hogares, y eso, indicó, multiplicado por el número de personas en promedio por hogar, que son 3,1 según el Censo del 2018, se traduce en 3’010.735 personas.

Al respecto, desde el Gobierno afirmaron que ya respondieron oficialmente al tema dentro del proceso judicial de la tutela. 

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