Minjusticia anuncia que Gobierno no intervendrá en crisis de cortes – Cortes – Justicia




El Gobierno no intervendrá para nada en el problema que afrontan las altas cortes por la designación de nuevos magistrados. “Somos absolutamente respetuosos de la separación de poderes”, según dijo la ministra de Justicia, Margarita Cabello Blanco. “Lo correcto es no interferir”, comentó la ministra.

En la siguiente entrevista, de otra parte, revela que trasladará unos 45.000 sindicados a cárceles departamentales y solo permanecerán en Bogotá los 80.000 condenados. La conversación con la ministra de Justicia empieza con los diálogos que avanzan sobre la reforma de la justicia.

¿Qué proponen las cortes en cuanto a reforma constitucional?

A grandes rasgos: fortalecer la seguridad jurídica, revisar el proceso de elección de magistrados de altas cortes para que se realice por convocatoria pública, revisar sus funciones electorales, autonomía presupuestal y ajustes de las instancias de gobierno.

¿En qué consiste la revisión del proceso de elección de magistrados?

Le quitan a la Judicatura la facultad de nominar magistrados. Ya no enviaría la lista de diez para que las cortes elijan, sino que la propia Corte abre convocatoria pública para que se inscriban quienes aspiran, con unos requisitos y un procedimiento específico. Consejo de Estado y Corte Suprema de Justicia elegirían a sus miembros.

¿Desaparecería el sistema de cooptación?

No, se mantendría, pero con convocatoria pública.

A propósito de la Judicatura, una reforma la eliminó como corte, ¿qué va a pasar?

Se plantean modificaciones de la ley estatutaria sobre la administración de justicia; ya no quedan sino seis miembros. La idea es que solo sean cinco, para que sean impares.

¿No tendrá condición de corte?

No, y sus cinco miembros no se llamarían magistrados, según lo proponen las cortes. Son miembros de un consejo que gobierna y administra la rama, con manejo presupuestal; se propone introducir en la Constitución o en una ley orgánica la orden de que un porcentaje del presupuesto sea para la Rama Judicial.

¿Que sería de cuánto? ¿Qué porcentaje del presupuesto han pensado proponer?

Algunos proponen fijar una fórmula fija de crecimiento atada al IPC con unos puntos adicionales, otros han propuesto porcentajes fijos del PIB o del Presupuesto General de la Nación, con valores de hasta el 6 por ciento.

¿Al margen de esa función, la Judicatura no tendría ninguna otra?

Solo funciones relacionadas con la administración de la Rama Judicial y toda la organización de la carrera judicial, que también se modificaría para fortalecerla.

¿Qué otra norma viene en el borrador de la reforma?

Hay una propuesta que trae el proyecto del exvicepresidente Germán Vargas, sobre el precedente judicial para dar seguridad jurídica. Es decir, establecer como norma constitucional la obligatoriedad de respetarlo.

¿Eso evitaría el llamado choque de trenes?

Ayudaría a definir el problema de decisiones contrarias, frente a situaciones de hecho iguales.

¿Entre las cortes?

Entre las cortes, entre tribunales, entre jueces. Sería establecer con rango constitucional la obligatoriedad de que se respete el precedente.

¿La Corte Constitucional no tiene acaso hoy facultad de cambiar su doctrina?

Claro, hay que respetar la independencia, pero cuando las altas cortes cambian su criterio, tienen la obligación de justificar ese cambio, y los juzgados y tribunales deben atender los precedentes vigentes que han fijado esas cortes de cierre.

Pero, de todas maneras, esa norma existe…

Sí, pero a veces no se respeta, y los empresarios y los ciudadanos piensan que no tienen seguridad jurídica. El borrador de reforma también propone que haya un mecanismo constitucional para resolver ese choque de trenes…

¿A usted le gusta?

Sí, yo comparto el pensamiento de la importancia de proteger la seguridad jurídica y utilizar la metodología de anunciar el precedente antes que aplicarlo de inmediato; pero nuestra posición de Gobierno es aceptar, articular y colaborar para que las propuestas de reforma trabajadas por las cortes, por los representantes de los servidores judiciales salgan avante.

¿Qué es lo que pasa en las cortes? ¿Por qué no hay mayoría para nada?

Como Gobierno, lo adecuado es esperar a que la Suprema, dentro del respeto por su independencia, defina las elecciones de sus compañeros. Lo correcto es estar a un lado y no interferir en ello; el Judicial es otro poder con su independencia.

¿Qué opina de las declaraciones del presidente de la Corte, Álvaro García, en el sentido de que hay una “dictadura de las minorías”, una “extorsión”?

Prefiero no opinar.

El único precedente que existe sobre elección de magistrados por decreto es la decisión que tomó el expresidente Betancur de declarar estado de sitio y nombrar por decreto ley a los magistrados…

No se ha pensado en intervenir en la elección de magistrados de la Corte. Respetamos su independencia en los asuntos internos de la Corte.

No se ha pensado en intervenir en la elección de magistrados de la Corte. Respetamos su independencia en los asuntos internos de la Corte

¿Qué hará el Gobierno para seguir funcionando sin Fiscal y sin cortes?

¿Perdón? Sí hay Fiscal y sí hay cortes. Hay regulación para que las instituciones sigan funcionando.

Pero Fiscal encargado y cortes diezmadas…

Pero los hay. La ley plantea la posibilidad de encargar fiscal en caso de que pasen estas cosas, y cortes hay, sí las hay, lo que pasa es que no están completas, pero siguen atendiendo sus asuntos y los de los faltantes. Siguen impartiendo justicia.

Es decir, si las cosas siguen como están, ¿no pasa nada?

Es evidente que lo adecuado es que se logre que la institución tenga sus 23 magistrados, pero no puede expresarse que no están trabajando.

¿Y qué pasa cuando se pierda la mayoría? A comienzos del año entrante ya no habrá 16, que es la mayoría, sino 15…

Es mejor esperar cómo sigue el proceso de elección y no adelantarme a posibilidades aún inexistentes hoy. Esperamos que no se llegue a esa situación.

¿Usted es partidaria de que las cortes modifiquen su reglamento?

Dejemos que tomen sus decisiones. Es mejor no intervenir ni opinar.

¿No lo hará?

No lo haré. Yo soy respetuosa de la separación de poderes.

Otro tema: ¿en qué consiste el plan de choque en el que trabaja sobre cárceles?

El diagnóstico es de hacinamiento: hay alrededor de 124.000 privados de la libertad en 133 centros penitenciarios. Condenados hay 80.000, aproximadamente, y unos 45.000 sindicados. Consideramos que todos los entes territoriales, alcaldes y gobernadores deben incluir, si tienen hacinamiento de procesados no condenados, en sus planes de desarrollo la necesidad de construir centros penitenciarios, es decir, para los que no están condenados. El Código Penitenciario establece que los entes territoriales son los responsables de los sindicados.

¿La propuesta suya es que las cárceles sean únicamente para condenados?

Los centros penitenciarios del Inpec a nivel nacional, que son 133, están construidos para atender a la población carcelaria condenada, que son alrededor de 80.000, y hay hoy cupo suficiente para ellos. El problema está en los que no han sido condenados y están privados de la libertad; los entes territoriales no han construido cárceles para ese grupo.

Pero eso pasa desde hace decenas de años…

Así es, y no debe seguir pasando porque cada día aumentan muchísimo. ¿Qué les estoy diciendo a los nuevos gobernadores y alcaldes? Señores: ya ustedes tienen que asumir su responsabilidad. Los 42.000 detenidos sindicados deben estar a cargo de ustedes. Yo les daré la ayuda, en lo posible, en los diseños, la ayuda económica que presupuestalmente pueda, la ayuda de mostrarles diseños modulares que se hacen en diez meses. Sin embargo, el Gobierno está en plan de aumentar cupos.

Ministra, con todo respeto, ¿hace cuánto que usted no va a un juzgado?

Hace dos días estuve mirando uno.

¿No le da a usted dolor ver centenares de expedientes?

El exceso de papel y documentos en los despachos judiciales es una gran preocupación del Gobierno. Ya tenemos avances al respecto. Con el BID estamos aspirando a un crédito de 500 millones de dólares, pero con recursos de cooperación técnica que conseguimos con el apoyo del BID tenemos asegurados 400.000 dólares para ejecutar en el primer semestre del 2020 e iniciar el proceso de digitalización. La primera fase está pensada a cuatro años, tiene un presupuesto estimado de 100 millones de dólares y tres componentes: el primero, fortalecimiento institucional; el segundo, servicios digitales y de tecnología de la justicia, y el tercero, cultura digital.

Tema final: cuando usted estaba en la Corte, le tocó una tutela de Andrés Felipe Arias en la que pedía la doble instancia…

Sí. Y yo salvé voto diciendo que él sí tenía derecho a la doble instancia, aclarando algo: una cosa es la doble instancia y otra, la doble conformidad.

¿En qué sentido?

Doble instancia es el derecho que tiene todo ciudadano, frente a una decisión judicial penal, de pedir que le sea revisada por una instancia superior. Y recordemos que los procesos de los aforados eran solo de única instancia. Hoy, en respeto a ese derecho, los aforados desde hace un tiempo tienen su primera instancia en una sala de instrucción y juzgamiento y una segunda instancia ante la Sala Penal de la Corte Suprema. Eso es la segunda instancia, y así cumplimos con los tratados internacionales.

¿Y la doble conformidad?

Es un concepto diferente, y significa que todo ciudadano para que se considere condenado debe tener en su contra dos decisiones judiciales de diferente funcionario judicial. Si tiene una absolución y una condena, se requiere otra instancia que defina, y si lo condena tendría las dos que se exigen para que quede condenado. De esa manera se respetan los tratados internacionales suscritos por Colombia. Andrés Felipe Arias tiene una sola condena en un proceso de única instancia. El problema que se discute es referente a la fecha en que se produjo el fallo que lo condenó y la aplicación hacia atrás del principio de la doble conformidad y la doble instancia.

¿Y usted qué piensa?

Yo pienso en la forma como lo expliqué en el salvamento de voto.

¿Colombia tiene la obligación de cumplir lo que ratificó, es decir, aplicar el tratado de doble instancia?

Eso creo.

¿Cuando se aplicó una sola instancia al caso del exministro Arias, Colombia ya había firmado el tratado internacional que la obliga a aplicar doble instancia en juzgamientos penales?

Sí. Desde antes de la Constitución del 91 ya estaba ese tratado vigente para Colombia. Pero es importante tener en cuenta que cuando empezó a funcionar la Corte Constitucional, esta consideró que debía seguir la única instancia para los aforados, porque la que los investigaba era la Corte Suprema de Justicia, en su Sala de Casación Penal, y eso garantizaba todos los derechos a los aforados con una sola instancia. Pero en el 2014 la Corte Constitucional cambia su doctrina y decide que debe aplicarse el tratado que impone la doble instancia para todos, pero deja unos vacíos; fundamentalmente, qué pasa con todos los procesos anteriores al 2014, entre ellos el del exministro Arias. Ese es el problema.

¿Y cómo salir del enredo?

Esperar a que el Congreso expida una ley en la que determine qué va a pasar con todos los procesos anteriores. Además, una tutela del exministro Arias se encuentra en revisión en la Corte Constitucional. Esperemos.

YAMID AMAT
Especial para EL TIEMPO

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