La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció este viernes la expulsión de ‘Jesús Santrich’ y ‘El Paisa’ de ese sistema de justicia transicional, como resultado de su regreso a las armas. Con esta decisión, los dos excomandantes de las Farc se convierten en los primeros en perder todos los beneficios pactados en el Acuerdo de Paz con el Gobierno.
De los excomandantes rearmados, Seuxies Pausias Hernández (‘Jesús Santrich’) y Hernán Darío Velásquez (‘El Paisa’) fueron los primeros a quienes se les levantó la libertad condicionada, antes que a ‘Romaña’, ‘Iván Márquez’ y ‘Aldinever’, pues sus incidentes de verificación de cumplimiento eran previos al video del 29 de agosto en el que ese grupo de ex-Farc anunciaban su rearme.
El 2 de septiembre pasado, la JEP unificó los incidentes de incumplimiento contra ‘Márquez’, ‘Romaña’ y ‘Aldinever’, a raíz del mencionado video. Sin embargo, contra ‘Santrich’ y ‘El Paisa’ ya había incidentes de verificación previos por no cumplir con las citas y los informes a los que se comprometían al acogerse a la JEP.
Contra ‘El Paisa’, el incidente fue abierto en octubre del año pasado, pues en ese momento se llevaba un mes sin tener noticias de su paradero. En mayo, ante la persistencia de esa situación, se emitió orden de captura contra él.
En el caso de ‘Santrich’, aunque este no se estaba presentando, la JEP consideró como causa de fuerza mayor que estuviera preso como parte del proceso por narcotráfico por el cual es solicitado en extradición por Estados Unidos.
No fue sino hasta el 30 de julio, cuando ‘Santrich’ ya estaba en libertad, que la justicia especial de paz le abrió el incidente de verificación de cumplimiento al excomandante de las Farc.
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Tras conocerse el video en el que un par de decenas de exguerrilleros anunciaban una ‘”segunda Marquetalia’, la JEP dejó claro en un auto que “no pueden mantenerse vigentes los beneficios otorgados a quienes, en un primer momento, manifestaron su intención de someterse al proceso, pero que, a día de hoy, exteriorizaron abiertamente su voluntad de apartarse de la JEP para alzarse en armas y contravenir el orden constitucional y legal vigente”.
Ese tribunal enfatizó en que el rearme de los excomandantes representa un riesgo para la garantía de no repetición y los derechos de las víctimas reconocidas en el caso 001, abierto para investigar las responsabilidades de los máximos jefes de la exguerrilla en casos de secuestro. Esto porque, debido a la información que pudieran haber aportado en el proceso, podrían estar en “un riesgo injustificado frente a quienes manifestaron su intención de retornar a la senda armada”.
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