La exfiscal Hilda Niño Farfán, quien selló un preacuerdo en un proceso por favorecer procesos de paramilitares y narcotraficantes, pidió al fiscal primero delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Jorge Hernán Díaz Soto, dar traslado de su proceso a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Niño Farfán, quien es mencionada en el expediente en la Corte Suprema contra el expresidente y senador Álvaro Uribe por supuesta manipulación de testigos, se compromete a contar en esa jurisdicción la verdad sobre los hechos por los cuales será condenada.
Tras ser capturada en junio del 2017, cuando ejercía como fiscal delegada de Justicia y Paz ante el Tribunal Superior de Bogotá, se conoció la acusación en su contra por haber recibido 400 millones de pesos de Orlando Villa Zapata, quien era el segundo al mando del Bloque Vencedores de Arauca, la estructura paramilitar comandada por el señalado narcotraficante Miguel Mejía Múnera, alias El Mellizo.
Por presuntamente haber dado información privilegiada a estos hombres, así como por favorecerlos para que no fueran excluidos del proceso de Justicia y Paz, la justicia procesó a Niño Farfán por los delitos de peculado por apropiación, peculado por uso, cohecho propio, tráfico de influencias y fraude procesal.
Así lo reconoce en la solicitud radicada ante su investigador: “En imputación de cargos se me vinculó dentro de hechos que suponen que, con el cargo que ejercía dentro de la Unidad Especializada de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación, realicé acciones de favorecimiento a personas que se encontraban postuladas en dicha Jurisdicción.”
Pero la exfiscal no solo se comprometió a devolver al Estado 250 millones de pesos, sino que logró un preacuerdo en el que se comprometió a dar información de más personas que podrían estar involucradas en los hechos delictivos por los cuales ella es juzgada.
Por otro lado, la Corte Suprema de Justicia pidió inspeccionar el proceso contra Niño Farfán, dentro de las pruebas que solicitó practicar en el caso contra el senador Uribe, pues supuestamente ella iba a declarar en el proceso contra el hermano del expresidente, Santiago Uribe.
De hecho la exfiscal asistió a la Corte el miércoles para declarar en la investigación que se adelanta contra el senador Uribe Vélez por soborno y fraude procesal.
En las llamadas telefónicas interceptadas como parte del proceso, dice la Corte, quedaría en evidencia que supuestamente Niño Farfán “se habría comprometido a desprestigiar la investigación penal que se adelantó contra el señor Santiago Uribe Vélez”, hermano de Uribe, procesado por sus supuestos nexos con el grupo ilegal de los 12 Apóstoles.
El argumento que tiene Niño para presentarse a la JEP, bajo la figura de agente del Estado distinto a la Fuerza Pública es que, al haber financiado, patrocinado, promovido o auspiciado a quienes fueran miembros de los actores del conflicto armado, en este caso las AUC, sus hechos se enmarcan en el conflicto armado.
No obstante, para que sus conductas sean remitidas a la JEP, se deberá contemplar si fueron realizadas o no con ánimo de enriquecimiento personal ilícito, o al menos si este interés no fue la causa determinante de sus acciones.
De remitirse el proceso de Niño Farfán a la JEP, esta justicia evaluaría si acepta o no su solicitud, que fue presentada a horas de vencerse el plazo para que los terceros civiles se acojan a la Jurisdicción Especial para la Paz.
Por relaciones con paramilitares ya han sido admitidos en la JEP el excongresista ‘parapolítico’ David Char Navas, así como el exsenador Álvaro Ashton. En el caso de este último, la justicia de paz no solo lo aceptó por sus vínculos con paramilitares, sino también porque este ofreció contar la verdad sobre el caso de corrupción en las altas cortes conocido como el ‘cartel de la toga’.
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