Será la justicia ordinaria la que siga llevando, por ahora, el caso que involucra al coronel (r) Jorge Armando Pérez Amézquita y a otros cuatro uniformados con el asesinato del excombatiente de las Farc Dimar Torres.
Esto luego de que la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura se abstuvo de resolver un conflicto de competencias que había invocado la defensa de los militares investigados por el hecho. Quien deberá definir esto, en un periodo de máximo tres días, será el superior jerárquico del juez de control de garantías que venía conociendo el caso.
(Le puede interesar: Los uniformados de los chats de la muerte del ex-Farc Dimar Torres)
La decisión fue tomada por la Sala, con ponencia de la magistrada Madga Victoria Acosta Walteros. El caso había llegado a la Judicatura para que dirimiera el conflicto de competencias el pasado 26 de septiembre.
La Sala Disciplinaria indicó que no se cumplen los presupuestos para que haya un conflicto de competencias entre la justicia ordinaria y la militar. Por el contrario, para la Sala lo que hay es una impugnación de competencia del juez que lleva el caso -el Juez 80 Penal Municipal con función de control de garantías- por parte de la defensa.
Y según la ley, es el superior jerárquico del juez a quien le cuestionan la competencia el que debe definir el caso.
Así las cosas, la Sala devolvió el caso al Juzgado 80 Penal Municipal, que viene llevando el proceso, para que sea su superior quien resuelva si es o no competente para seguir conociendo la investigación contra los militares.
El plazo para que el superior del juez resuelva si debe o no seguir conociendo el caso es de tres días.
El pasado 9 de septiembre los militares implicados en el caso solicitaron que el caso pasara a la justicia penal militar, argumentando que la muerte de Torres se dio en medio de una actividad propia de la Fuerza, o acto de servicio.
En esa audiencia el delegado de la Procuraduría advirtió que no podía haber un conflicto de competencias puesto que este solo se da entre las jurisdicciones, es decir cuando es la justicia ordinaria o la penal (en este caso) las que argumentan ser las competentes para llevar un caso. Pero aquí, quienes cuestionaron la competencia no fueron las jurisdicciones sino la parte procesal investigada.
Precisamente, la Fiscalía no ha podido imputarle cargos a Pérez Amézquita y los demás en medio de la investigación por el conflicto de competencias que invocó la defensa de los militares.
El día del asesinato de Dimar Torres (22 de abril de 2019), el coronel Pérez Amézquita era el comandante del Batallón de Operaciones Terrestres n.° 11 y tenía a su cargo la seguridad del lugar donde residían los excombatientes en zona rural de Ocaña, en Norte de Santander.
Pérez, quien llevaba 21 años en el Ejército, fue retirado del servicio el 20 de mayo de este año, tras los señalamientos e investigación sobre su presunta responsabilidad en el hecho.
Además, la revista Semana reveló este domingo que de acuerdo a la investigación adelantada por la Fiscalía, el asesinato de Torres no fue un hecho aislado, sino que fue premeditado, y que para tal fin hasta se conformó un grupo de WhatsApp para coordinar y reportar el crimen.
Si bien respetamos el debido proceso, no es comprensible que, luego de las últimas revelaciones, siga libre uno de los señalados como presunto responsable en caso Dimar Torres. Cero tolerancia con hechos que manchen el Honor Militar
— Guillermo Botero (@GuillermoBotero) October 29, 2019
Por su parte, el ministro de Defensa Guillermo Botero dijo este martes en su cuenta de Twitter que “si bien respetamos el debido proceso, no es comprensible que, luego de las últimas revelaciones, siga libre uno de los señalados como presunto responsable en caso Dimar Torre”. Amézquita está en libertad porque aún no le han imputado cargos.
Botero aseguró además este lunes, tras la publicación de la revista Semana, que los hechos que rodearon el asesinato de Torres no fueron un acto del servicio. “No fue un acto del servicio, la investigación la adelanta la Fiscalía. Y las personas involucradas fueron retiradas oportunamente del servicio. (…) Hemos actuado con transparencia, no hemos sido ni tolerantes ni negligentes en nuestro accionar frente a este crimen”, expresó el jefe de la cartera de Defensa.
JUSTICIA
En Twitter: @JusticiaET