En una sesión extraordinaria, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia se reunirá este viernes, a partir de las 10 de la mañana, para evaluar bajo qué ley se debería llevar la investigación que tiene la Fiscalía contra el expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez por presunto soborno a testigos y fraude procesal.
Los magistrados de la Sala Plena, conformada por los integrantes de la Sala Civil, Penal y Laboral de la Corte, tendrán que definir el conflicto de competencias que planteó la juez 30 de control de garantías el pasado 22 de septiembre.
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A la juez, la defensa de Uribe le había pedido que lo dejara en libertad, decisión que ella consideró que sí podía evaluar. Sin embargo, como el abogado de Iván Cepeda -reconocido como parte civil en el caso contra Uribe- afirmó que ella no tenía competencia para tomar esa decisión, sino que le correspondía a la Fiscalía General, por eso la juez remitió este caso para que lo resuelva la Sala Plena del alto tribunal.
Mientras la defensa de Uribe, el fiscal Gabriel Jaimes (que investiga al expresidente) y la misma juez consideran que este proceso se debe llevar por la ley 906 de 2004 (nuevo sistema) y por lo tanto es un juez el que debe definir si deja en libertad al exsenador, el abogado de Iván Cepeda piensa todo lo contrario.
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Para el abogado de Cepeda, este proceso se debería seguir llevando por la ley 600 del 2000 (viejo sistema), que era con la que era desarrollado en la Corte Suprema de Justicia, que investigaba a Uribe hasta que él renunció al Senado y por eso le pasó el caso a la Fiscalía General.
Así, la Sala Plena tendrá que definir este viernes dos asuntos cruciales para la investigación contra Uribe, que es por la que está preso en su finca El Ubérrimo, en Córdoba. Debe establecer bajo qué ley se lleva su caso (si el antiguo o el nuevo sistema) y, en consecuencia, quién es la autoridad encargada para valorar si lo deja o no en libertad.
Pero además, del sistema que se elija también dependerá que el caso contra Uribe cambie o no su rumbo. Si queda por la ley 600, juristas aseguran que se podría tener en cuenta todo lo que ya hizo la Corte, las pruebas que valoró, y avanzar para evaluar si se lo llama o no a juicio.
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En cambio, si el proceso se pasa a la ley 906 todo lo actuado por la Corte, dicen los juristas, se caería y por lo tanto la Fiscalía tendría que comenzar desde ceros para evaluar si le imputa o no cargos al expresidente, a pesar de que el alto tribunal ya había avanzado en esa etapa y ya había ordenado su medida de aseguramiento.
Así las cosas, la Sala Plena tendrá que evaluar la ponencia que les presentó el magistrado de la Sala Penal Gerson Chaverra, a quien le correspondió por sorteo evaluar qué camino se debe seguir.
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