Cerrado el plazo para que terceros civiles y agentes del Estado no pertenecientes a la Fuerza Pública se acogieran voluntariamente a la Jurisdicción Especial para la Paz, este lunes la presidenta de esa justicia Patricia Linares y el fiscal general (e) Fabio Espitia presentaron un balance.
Linares explicó que fueron en total 657 personas las que pidieron acogerse a la JEP. De estos, 540 son terceros civiles y los otros 117 son agentes del Estado distintos a miembros de la Fuerza Pública.
La presidenta de la JEP puntualizó que, del total, 513 solicitudes ya están en estudio en las salas, mientras que 144 están en proceso de reparto.
Por su parte, Espitia explicó que la Fiscalía recibió 76 solicitudes individuales y 2 colectivas. Además, que en fiscalías seccionales se postularon 27 exparamilitares y un tercero civil.
Hasta el jueves pasado, en el último informe conocido antes de que cerrara el plazo de tres meses que contaba desde el 6 de junio -cuando entró en vigencia la ley estatutaria de la JEP-, 609 terceros y agentes del Estado no integrantes de la Fuerza Pública habían solicitado someterse a la JEP.
El pasado 10 de julio, en una comunicación conjunta, la JEP y la Fiscalía aclararon que en los procesos que cursen en la justicia ordinaria, correspondía a cada fiscal determinar si la persona procesada cumplía con los requisitos para acogerse a la jurisdicción especial.
Estas personas deben ser agentes del Estado distintos a los de la Fuerza Pública o terceros civiles que no hayan integrado organizaciones o grupos armados pero que hayan podido tener alguna relación con e l conflicto armado.
Así, para ser aceptados en cualquiera de estos dos casos, deben haber “contribuido de manera directa o indirecta a la comisión de delitos en el marco del conflicto”.
Cada fiscal puede decidir rechazar la petición del procesado y no remitir su caso a la JEP. Sin embargo, en estos casos pueden insistir ante la JEP, donde serán rechazadas las solicitudes que pasaron primero por la justicia ordinaria.
JUSTICIA
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