Desde la mañana de este martes la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia volvió a reunirse para definir el futuro del expresidente y hoy senador del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez.
Aunque aún el alto tribunal no ha dado noticias oficiales sobre los resultados de esa sesión, se conoció que el alto tribunal ordenó una medida de aseguramiento en su contra. La detención no será intramural, es decir, no se hará en una cárcel sino que será en el domicilio de Uribe.
La medida de aseguramiento la dio a conocer el mismo expresidente Álvaro Uribe en su cuenta de Twitter.
“La privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia, y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la Patria”, dijo Uribe en su red social.
La Sala de Instrucción tomó esta decisión en la tercera sesión que tuvo para evaluar el tema.
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En esa sesión, el alto tribunal debía definir si continuaba el proceso contra Uribe y si ordenaba su detención, como lo ha dado a conocer el expresidnete.
En este proceso la Sala de Instrucción debía resolver la situación jurídica del expresidente y del congresista Álvaro Hernán Prada, cuya investigación por estos hechos se inició desde el 2018, y quienes asistieron a un interrogatorio en el alto tribunal en octubre del año pasado.
En este caso, la Corte estaba estudiando la ponencia que les presentó el magistrado César Augusto Reyes Medina a sus demás compañeros.
En esta evaluación participaron los magistrados Francisco Javier Farfán Molina, Marco Antonio Rueda Soto, Misael Fernando Rodríguez Castellanos y el presidente de esa Sala, Héctor Javier Alarcón Granobles. La única magistrada de la Sala de Instrucción que no participó fue Cristina Lombana, ya que ella está impedida en este proceso.
Después de resolver la situación jurídica, el alto tribunal seguirá practicando más pruebas, tanto las ordenadas por el alto tribunal como las pedidas por la defensa, para tomar una decisión en la que defina si lo llama finalmente a juicio, o si archiva el proceso.
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Esta decisión en el alto tribunal se toma justo en momentos en los que un juez debe definir si envía a prisión a Diego Cadena, quien era abogado de Álvaro Uribe, y a quien la Fiscalía le imputó cargos la semana pasada –junto con el abogado Juan José Salazar- por supuestamente haber ofrecido un soborno de 200 millones al exparamilitar Carlos Enrique Vélez, así como ayuda jurídica al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, para que declararan a favor de Uribe y en contra de Iván Cepeda.
Justamente la investigación de Reyes contra Uribe, así como contra el congresista del Centro Democrático Álvaro Hernán Prada, se da porque supuestamente intentaron torcer el testimonio de Juan Guillermo Monsalve, quien ha dicho que el expresidente estuvo detrás del nacimiento del Bloque Metro en Antioquia. Monsalve era hijo del mayordomo de la hacienda Guacharacas, de la que los Uribe Vélez fueron propietarios.
El proceso
La investigación por la que ahora Uribe será detenido, se inició en julio del 2018, luego de que el entonces magistrado José Luis Barceló decidió llamarlo a indagatoria al encontrar que, presuntamente, Uribe estaba tratando de cambiar el testimonio de testigos para que se retractaran de afirmaciones en las que lo señalaban de promover el paramilitarismo en Antioquia, y para que supuestamente inculparan a Iván Cepeda de estar fabricando testimonios en su contra.
Con la ley de doble instancia, el caso pasó ese año a la Sala de Instrucción, que asumió todas las investigaciones que llevaba la Sala de Casación Penal contra los aforados. El caso primero estuvo en el despacho de la magistrada Cristina Lombana, pero luego de ser recusada por Iván Cepeda, quien fue aceptado como víctima en el proceso, el expediente quedó en manos de Reyes Medina.
Medina ratificó la decisión de llamar a Uribe a indagatoria, diligencia que se cumplió en octubre del año pasado, marcando un hecho sin antecedentes, pues nunca un proceso contra un expresidente del país había avanzado hasta ese punto.
Lo que ha dicho la defensa del expresidente
Ante la Corte Suprema de Justicia, y a través de su defensa encabezada por el abogado Jaime Granados, Uribe había dicho que no se cumplen los requisitos para ordenar una medida de aseguramiento. También le habían pedido al alto tribunal que si ordenaba una medida de este tipo, no fuera restrictiva de su libertad.
La defensa también ha dicho que en el caso no se encontraron indicios graves en ninguno de los seis eventos que se relacionan en el expediente. Así, sobre las visitas de Diego Cadena a testigos, la defensa ha dicho que según las mismas interceptaciones en el caso queda claro que él no conocía de los aspectos puntuales de lo que hacía su abogado. Incluso, el mismo Uribe ha dicho que no conocía que Cadena les hubiera ofrecido pagos o ayuda a testigos. Esa versión ha sido replicada por Cadena, quien ha dicho que Uribe no tenía conocimiento de lo que él llama ayudas humanitarias, y no sobornos, para los exparamilitares con los que habló.
También ha negado haber intentado cambiar el testimonio de Monsalve y, según la defensa, si se hicieron acercamientos con él o con su esposa, fue porque Monsalve supuestamente manifestó un interés de ratractarse de lo dicho contra Uribe.
Los otros procesos preliminares contra el expresidente
La investigación que la Corte Suprema de Justicia lleva contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos, y por la que este martes decidió privarlo de la libertad, es la única que en el alto tribunal ha avanzado hasta esta etapa en la que hay una investigación formal y se resuelve su situación jurídica.
Pero no es el único proceso contra Uribe, pues hay otros en etapa preliminar. En la Corte, según fuentes de la Sala de Instrucción, hasta octubre del año pasado había 14 investigaciones en etapa preliminar contra Uribe y solo una en etapa formal. La mayoría de estos procesos previos, según fuentes de la corporación, tienen que ver con denuncias de injuria y calumnia.
El pasado 15 de mayo la Sala de Instrucción abrió la última indagación preliminar en esa corporación contra el expresidente por una denuncia que llegó a la corporación en un correo. Según esa denuncia, Uribe era el destinatario de las interceptaciones ilegales y seguimientos ilícitos que uniformados de inteligencia militar supuestamente estaban haciendo contra periodistas, políticos, abogados y opositores del Gobierno.
Otra de las investigaciones preliminares que hay en la Corte contra Uribe es la que se lleva a cabo por la supuesta manipulación del expresidente a testigos para que declararan contra Iván Cepeda. Esa indagación contra Uribe se abrió luego de que la Corte rechazó una denuncia que él hizo contra Cepeda por supuestamente fabricar testigos en su contra, y concluir que el que supuestamente estaba presionando testimonios para afectar a Cepeda era el expresidente. En ese caso se compulsaron copias contra Uribe, lo que lo convirtió de denunciante a investigado.
También hay una investigación preliminar contra Uribe por los hechos que lo relacionan presuntamente con el caso del hacker Andrés Sepúlveda, condenado a 10 años de prisión por espiar a los negociadores del proceso de paz.
En ese caso se ordenó en diciembre del año pasado un allanamiento en el batallón de comunicaciones del Ejército, en Facatativá (Cundinamarca). Esta investigación se inició porque en el 2015 la Fiscalía compulsó copias a la Corte para evaluar si era cierta la versión de Sepúlveda, quien dijo que el expresidente recibía información reservada de parte de algunos militares que no estaban de acuerdo con el proceso de paz.
En la Corte Suprema de Justicia, también en la Sala de Instrucción, hay una investigación preliminar contra Uribe por los audios del asesinado exganadero José Guillermo ‘Ñeñe’ Hernández.
En esos audios entre el ‘Ñeñe’ y una mujer que presuntamente sería Claudia Daza, quien era asesora del senador Uribe, se habla del presunto ingreso de dineros ilícitos a la campaña del presidente Iván Duque. En ese audio aparece mencionado el expresidente.
La denuncia en ese caso, por presuntos delitos electorales, la presentaron Gonzalo Guillén y Daniel Mendoza, y el proceso se encuentra en el despacho del magistrado Misael Rodríguez.
Y una de las investigaciones más antiguas contra Uribe, y que sigue en etapa preliminar, es la que se lleva por las masacres en los corregimientos de El Aro, San Roque y la Granja, en Antioquia, cometidas por paramilitares cuando Uribe era gobernador de ese departamento. En el proceso también se relaciona el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle.
En mayo del 2018 la Corte declaró estos casos como crímenes de lesa humanidad, lo que implica que en esos procesos no puede haber prescripciones, y pueden ser investigados en cualquier momento.
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