Después de que se conociera que la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder) demandó una decisión de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) que le permite a la sociedad Tesoros de Colombia cazar 23 especies de animales, la Anla emitió una respuesta.
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Entre otras razones, la Carder aseguró que estaba en contra de la licencia porque esta avala que la empresa cace cinco especies que se encuentran en el departamento de Risaralda.
“Consideramos que son especies que están amenazadas; especies que si las sacamos de nuestros ecosistemas perdería interés nuestro paisaje ecoturístico ambiental”, señaló el director de la Carder, Julio César Gómez Salazar.
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Por su parte, Iván lozano, director de Tesoros Colombia, dijo que la idea de su organización no es atacar estas especies, pues el suyo es un proyecto de conservación.
Según advirtió, su modelo de negocio consiste en capturar a los animales, hacer que se reproduzcan, vender los nuevos especímenes de forma legal y devolver a su ecosistema a los individuos que fueron retirados de él en un primer momento.
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Asimismo, la Anla respondió a la controversia con un comunicado en el que explica detalles de la Resolución 2370 del 3 de diciembre de 2019, que fue la que expidió para darle los permisos al zoocriadero de la Sociedad de Tesoros de Colombia.
“La caza de fomento es definida por el Código (refiriéndose al Código Nacional de Recursos Naturales) como la que se realiza con el exclusivo propósito de adquirir ejemplares para el establecimiento de zoocriaderos”, aseguró la entidad y advirtió que en un primer momento la licencia ambiental fue otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR).
Defendió la expedición de la Resolución y señaló que fue promulgada “dando cumplimiento a la normatividad ambiental vigente y que en la misma están previstas las medidas de manejo para la prevención, corrección, mitigación o compensación de los impactos ambientales del proyecto”.
Agregó que las empresas que reciben estas licencias tienen la obligación de regirse a las normas ambientales y deben “cumplir las cuotas de reposición y repoblamiento por el aprovechamiento”. Esto dependiendo de las exigencias de cada Corporación Autónoma Regional correspondiente.
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Finalmente, la Anla citó un comunicado de Tesoros de Colombia en el que señaló que no ejercerá el derecho a la caza y que suspenderá sus actividades hasta que logre un proceso de conciliación con las autoridades y las comunidades de cada territorio.
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