Este fin de semana se conocieron los resultados de un estudio por la misma Corte Constitucional el año pasado, hecho que generó preocupación al evidenciar situaciones de presunto acoso sexual y laboral dentro de esta institución, una de las más importantes de la Justicia por ser la que evalúa el cumplimiento de los derechos fundamentales y los derechos humanos.
El estudio fue elaborado por USAID luego de que la misma Corte Constitucional celebró un convenio de cooperación con esta Agencia con el fin de identificar y adoptar mejor prácticas en el alto tribunal respecto a la equidad de género y la violencia de género.
El objetivo, dijo la Corte Constitucional, era realizar “un diagnóstico e identificar oportunidades para todos los funcionarios y empleados que contribuyen con su trabajo a la eficiencia de este tribunal”.
Todos los hallazgos de la investigación se pueden dividir en estas cuatro prácticas que afectan al alto tribunal: Brechas laborales en la magistratura, dobles jornadas, acoso laboral y acoso sexual.
La brecha en la magistratura entre hombres y mujeres
La Sala Plena de la Corte Constitucional está conformada por seis hombres y nueve mujeres.
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Corte Constitucional
La Corte Constitucional nació con la Constitución de 1991. La primera Corte, que se instaló en 1992, se conformó con tres magistrados y entre 1993 y 2000 el número de integrantes de la corporación se aumentó a nueve.
Sin embargo, el estudio de USAID recuerda que solo hasta el 2001, 10 años después de que se creara la Corte, llegó por primera vez una mujer como magistrada titular: Clara Inés Vargas. En 2009, el alto tribunal tuvo su segunda magistrada, y solo hasta el 2014 comienza a aumentar la participación de las mujeres en la magistratura.
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Actualmente, dice el estudio, en la Corte hay tres magistradas titulares: Gloria Ortiz, que termina su periodo en el 2022; Diana Fajardo, que termina en 2025 y Cristina Pardo, que acaba también ese año.
Es por eso que, aunque de las 244 personas que hoy trabajan en la Corte el 51,7 % sean mujeres y el 48,3 por ciento, hombres, el hecho de que en la historia del alto tribunal haya habido tan pocas magistradas titulares muestra que esa es una brecha que aún no se ha cerrado.
En las entrevistas a profundidad que hizo USAID, encontró algunos sesgos de género como las ventajas que tienen los hombres a la hora de ser elegidos en las ternas que se envían al Senado, pues “son los hombres los que saben hacer las relaciones políticas y en el Senado hay más hombres que mujeres, pero, en realidad, la elección debería ser por méritos”, dijo alguien en una entrevista.
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Con esas consideraciones, teniendo en cuenta la calidad de las hojas de vida de varias mujeres que se presentaron este año para reemplazar al magistrado Luis Guillermo Guerrero, algunos sectores habían propuesto la importancia de tener una terna de mujeres. Sin embargo, la terna del Consejo de Estado quedó conformada finalmente por dos hombres: Jorge Enrique Ibáñez y Marino Henao Ospina, y una mujer, Natalia Ángel Cabo. Ahora está en manos del Senado elegir quién ocupará la vacante.
Un puesto en el que USAID sí encontró paridad es en el de magistrados auxiliares. En esos cargos hay 14 mujeres y 13 hombres. Y hay más mujeres ocupando el puesto de profesional especializado grado 33, con 24 mujeres y 21 hombres.
Mientras las salas de seguimiento por la falta de protección a los derechos a la salud, y la sala que vigila la situación de las personas desplazadas están encabezadas por mujeres, la Sala Plena, la Relatoría de Tutela y la Relatoría Constitucional están bajo la batuta de hombres.
La Secretaría General la lidera una mujer y se distribuye con 18 funcionarios y 20 funcionarios. Sin embargo, la coordinación administrativa, de comunicaciones y de sistemas están a cargo de hombres y casi todas las personas que trabajan en aseo y cafetería (18 de 20) son mujeres.
Con estas cifras, USAID concluye que “se puede pensar que en la Corte Constitucional se están disminuyendo las barreras ya que, a lo largo de sus casi tres décadas de existencia, las mujeres han ido ocupando cargos de mayor jerarquía y adquiriendo visibilidad”. Esto se suma a que en la Rama Judicial la escala salarial se rige por la ley, lo que implica que no hay desigualdades en materia de ingresos.
Mientras que el 46,9 por ciento de hombres encuestados dijo que cerrar las brechas en la participación de las mujeres en cargos de alta responsabilidad en condiciones de igualdad se logrará en el corto plazo, el 40 % de las mujeres dijo que esa paridad tomará décadas.
Doble jornada laboral
La doble jornada laboral tiene que ver con el tiempo que se dedica al trabajo pero también al cuidado del hogar, la familia y los hijos. El estudio encontró que quienes trabajan en la Corte invierten en promedio 9,3 horas en labores remuneradas y 2,8 horas en promedio al cuidado del hogar.
Sin embargo, dice USAID, las mujeres son las que reportan más horas en el cuidado del hogar, además de 45 minutos al cuidado de otros miembros del hogar o personas cercanas. Si bien las diferencias de horas laborales remuneradas no tienen cambios entre hombres y mujeres, sí lo tienen las horas dedicadas al hogar, encontrando que para las mujeres hay casos de 3 y hasta 4 horas, sobre todo en los casos de trabajadoras de servicios generales y de la secretaría general.
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Y entre las mujeres del área de Presidencia, por ejemplo, se encontró que ellas dedican más tiempo al cuidado de otros, que los hombres.
Esta diferencia en la carga de trabajo no remunerado entre hombres y mujeres es importante porque muestra que las mujeres en la Corte tienen menos tiempo libre para descansar o para estudiar y así poder crecer profesionalmente.
También hubo personas que dijeron que a las mujeres con hijos o embarazadas les dan exigen lo mismo o más, sin “tener consideración respecto al tiempo que requieren para atender sus asuntos familiares”.
Acoso laboral
USAID encontró, por ejemplo, que en los despachos un 33,8 por ciento de encuestados dijo que no tenía buenas relaciones con sus compañeros o compañeras. En estos despachos también encontró solo un 28 por ciento que dijo que los valores de la Corporación coinciden con los suyos, y un 3,2 por ciento que afirmó que no corresponden.
Una de las expresiones del acoso laboral, asegura la investigación, es la asignación de tareas que no corresponden con las funciones de cada trabajador. Un 7,4 por ciento de encuestados dijo que sus tareas no son acordes a sus funciones, especialmente quienes trabajan en Secretaría General (16,7 por ciento) y el 18,2 por ciento de las mujeres que trabaja en el área de Presidencia.
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“Esa descalificación, dijeron las personas entrevistadas, tiene que ver con el hecho de ser mujeres. Es decir que, a pesar de que se reconocen las habilidades del cuidado y las habilidades de articulación y coordinación que tienen las mujeres, al final éstas también se asumen como las razones por las cuales las mujeres no tienen las mismas posibilidades de ascender profesionalmente dentro de la Corte. Dichas habilidades terminan siendo un “arma de doble filo” porque destacan a las mujeres, pero al mismo tiempo, en razón de ellas se les impone cumplir con cierto tipo de roles, así esto no concuerde con las funciones definidas en sus contratos”, asegura la investigación.
El informe también encontró que un 4 por ciento dijo que ha sido objeto de burla por parte de los demás por su aspecto físico. Otro 6 por ciento de las y los colaboradores dijo que a menudo su vida privada ha sido objeto de burla, y un 4 por ciento dijo que las personas que trabajan en la Corte ha sido blanco de expresiones humillantes.
Uno de los entrevistados dijo que el trato desigual entre hombres y mujeres se da con mayor intensidad en los despachos liderados por magistradas titulares, “ya que les dan más duro a las mujeres. Es como si les tuvieran rabia a las otras mujeres y más si la subalterna está más preparada o sabe más del tema que están trabajando. Ha habido casos en los que las magistradas titulares han hecho campañas para desprestigiar a otras mujeres porque tienen más credibilidad”.
En el estudio también se habló del hecho de que al interior de la Corte no haya funcionarios o funcionarias indígenas, afrodescendientes, y que poco se hable de las orientaciones de género diversas. “Así mismo, hay una percepción general de discriminación por clase que lleva a los y las entrevistados a concluir que quienes accederán a ser magistrado/a titular algún día serán los de nivel socioeconómico más alto”.
Acoso sexual
En el estudio, USAID preguntó por las diferentes expresiones del acoso sexual, que van desde comentarios o menciones inapropiadas sobre los cuerpos, la sexualidad o la orientación sexual, insinuaciones inapropiadas, hasta tocamientos o intimidaciones para obligar a alguien a tener relaciones sexuales.
En este caso, el estudio no encontró que se haya obligado a una persona a tener relaciones sexuales cuando no quería, ni que le hayan amenazado con despedirle o castigarle por no aceptar una invitación o propuesta. Tampoco encontró casos de represalias o castigo por una propuesta de índole sexual.
Pero el informe sí encontró que 32 personas reportaron haber escuchado comentarios sexistas sobre las mujeres. También cinco funcionarios dijeron ser presionadas para aceptar citas o encuentros por fuera de las relaciones laborales, situación que vino, en la mayoría, de hombres con un cargo más alto, seguido por compañeros de trabajo. Ningún hombre, en cambio, reportó esa presión.
También hubo una mujer que reportó que podía tener mejores condiciones de trabajo si accedía a hacer algo de carácter sexual.
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El estudio reveló que 10 personas dijeron ser víctimas de tocamientos, caricias o roces que les han hecho sentir incómodos. Dos hombres reportaron este tipo de acoso por parte de una compañeras, y los ocho casos restantes son de mujeres.
USAID también encontró que 12 personas dijeron haber recibido propuestas directas sobre tener relaciones sexuales en el marco de las relaciones laborales. Tres de esos casos son de hombres y nueve de mujeres.
Ninguna mujer de servicios generales dijo haber sufrido acoso sexual, y una mujer del área de Presidencia reportó que un compañero intentó tener relaciones sexuales con ella a pesar de que no quería.
La investigación también reporta cómo esas situaciones de acoso se suelen dar en las fiestas de fin de año de la Corte, y cómo los judicantes son las personas más vulnerables, en especial cuando son mujeres. Allí es donde el reporte dice que algunas entrevistadas dijeron que en la Corte Constitucional se usa el verbo “judicantear”, refiriéndose a los funcionarios que buscan tener una relación romántica o sexual con las judicantes.
En algunas de las entrevistas se reporta que estos hechos de acoso también suceden en el ámbito laboral y que en estos casos no se denuncia ante el Comité de Convivencia Laboral porque “la gente no confía en espacio”.
“Se concluye en este apartado que el acoso sexual recae especialmente en las mujeres que trabajan en la Corporación. Hay una aceptación generalizada de los comentarios sexistas y discriminadores, pero, en particular, preocupa la forma en la que operan las relaciones jerárquicas y desiguales de poder y los estereotipos sobre la sexualidad de las mujeres, los cuales hacen que sean ellas quienes asuman las consecuencias del acoso o de las relaciones personales consentidas -aunque socialmente “no permitidas”- con un funcionario de mayor rango”, asegura la investigación.
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