“Incluso en medio de esta pandemia, sabemos que las amenazas a la paz no han desaparecido, ya que actores armados ilegales y grupos criminales intentan aprovecharse de la actual crisis”. Este fragmento de la declaración conjunta de los codirectores del Instituto Kroc para el Estudio Internacional de la Paz da cuenta de la preocupación de ese centro académico por lo que pueda pasar con el proceso de paz en este momento.
David Cortright y Josefina Echavarría Álvarez, quienes dirigen al centro encargado de monitorear los avances en la implementación del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc, firmado en 2016, anunciaron que pese a las dificultades que ha creado el aislamiento obligatorio por el coronavirus, pronto lanzarán el cuarto informe, en el que se plantea que hay un “punto de inflexión” en la implementación del proceso de paz.
“Se transita de los esfuerzos de corto a los de mediano y largo plazo, y a las transformaciones estructurales, especialmente en los territorios más afectados por el conflicto”, aseguran.
Esas “transformaciones estructurales” han sido uno de los puntos más álgidos sobre cómo el gobierno del presidente Iván Duque avanza en la implementación de lo acordado en La Habana, pues por ejemplo congresistas que apoyaron el proceso han manifestado que el ejecutivo se quedó en una parte de la implementación, sin tocar la más profunda.
Cortright y Echavarría dicen que creen que implementar las reformas económicas y sociales del Acuerdo “ayudará a crear una gobernanza más resiliente y transparente en Colombia”. Entre estas reformas se puede mencionar, por ejemplo, la reforma rural integral, del punto 1, que aparecía en el último informe del Kroc Institute como uno de los más rezagados.
Pero también señalan que esta implementación, incluso, podría ayudar en medio de las dificultades por la pandemia del coronavirus: “Esto podría contribuir a mitigar los impactos de la pandemia y a crear mayor capacidad estatal para proporcionar servicios sociales y responder a futuras necesidades públicas”.
En su declaración, señalan que la pandemia tiene efectos “más agudos” sobre las poblaciones marginadas del país, como son los campesinos, las comunidades afro y los pueblos indígenas, “donde los servicios de salud pública son limitados”, agregan.
Manifestaron dos preocupaciones adicionales. La primera, por la dificultad de hacerle monitoreo a la aplicación del Acuerdo desde la virtualidad. Por eso informaron que sus equipos se están adaptando para recopilar información con ayuda de socios estratégicos a través de correo electrónico, Zoom y Whatsapp.
Y la otra, directamente relacionada con el Acuerdo, es cómo las limitaciones de reunión física dificultad consultas y procesos para concretar los programas de paz. “Los servicios de reintegración para excombatientes se han ralentizado. Las prioridades financieras están cambiando y podrían afectar el financiamiento de la implementación”, dicen.
Incluso, remarcan el retraso en la actividad legislativa de hecho a que el Congreso apenas está retomando sesiones de forma virtual. Aun así, reconocen que “muchos aspectos de la implementación del Acuerdo Final continúan” y que ellos siguen monitoreándolo.
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