Con una demanda internacional contra Colombia, el expolicía Jesús Amado Sarria Agredo, ‘Chucho Sarria’, busca ser reparado y recuperar los 82 bienes –entre ellos lujosos predios en San Andrés– que en 1997 le quitó la justicia, que lo investigaba por narcotráfico.
Sarria, exesposo de Elizabeth Montoya, la ‘Monita Retrechera’, cuyo nombre se hizo famoso durante el proceso 8.000 y el ingreso de dineros del narcotráfico a la campaña del expresidente Ernesto Samper, alega que en el proceso de extinción de dominio en su contra hubo irregularidades y se violó el debido proceso.
Como el caso de Sarria, hay otras tres demandas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la supuesta vulneración de derechos en procesos de extinción de dominio.
Aunque en 2003 Sarria fue absuelto de narcotráfico y enriquecimiento ilícito, en 2015 se ordenó su captura por la tentativa de homicidio de un esmeraldero, y dos años después fue capturado por ello.
Y aunque en 2017 el Consejo de Estado le negó la indemnización por más de 2.300 millones de pesos que pretendía por la extinción de dominio, ha seguido insistiendo en que el Estado le devuelva sus bienes.
Aunque no son muchas las demandas contra la extinción de dominio, que ha sido un elemento clave contra el narcotráfico, hay preocupación por el tema, en especial porque tres de los procesos ya fueron admitidos y pasarán a una evaluación de fondo
Si tras esa evaluación la Corte considera que tienen mérito, pasarán a la CIDH, con lo que el país se expone a una condena.
Otro de los procesos por extinción de dominio en la CIDH es el de la exsenadora Regina Betancourt de Liska, más conocida como Regina 11. Su petición tiene que ver con dos decisiones, una del Consejo de Estado, que le quitó la investidura, y otra de la Corte Suprema, que la condenó a cuatro años de cárcel por exigirles a unos de sus empleados del Congreso dinero para financiar una campaña política.
Posterior a esa condena, en el 2000 se inició la extinción de dominio de una finca y dos apartamentos ubicados en el barrio El Poblado, de Medellín, que habían sido ocupados por las autoridades en 1998.
Sobre ese proceso, las autoridades señalaron en su momento que Betancourt compró esos predios con dinero que obtuvo de forma ilícita mientras trabajaba en el Congreso.
También le pide a la CIDH una reparación el expresidente de Asvalores S. A. Luis Fernando Leyva Micolta, procesado por enriquecimiento ilícito, aunque en el 2002 la Fiscalía cambió el delito a receptación.
Leyva alega que la extinción de dominio solo aplica para la receptación desde 2002, y el proceso en su contra se inició en 2001, por lo que se le violó el principio de no retroactividad.
La última petición que estudia la comisión por estos hechos es la del exdirigente del Unión Magdalena Eduardo Dávila Armenta, condenado en 1996 por narcotráfico y quien luego fue investigado por enriquecimiento ilícito, en medio de lo cual, primero en octubre de 2004 y luego en 2006, le quitaron el dominio de sus bienes.
Dávila, quien desde 2012 paga otra condena por homicidio, alega que en su caso de extinción de dominio le incautaron varios bienes, aunque la Fiscalía precluyó ese proceso en el 2004, por lo que, dice, se vulneró la prohibición del doble juzgamiento.
Colombia ha dicho en su defensa que en las extinciones de dominio se ha actuado en el marco legal, y que se busca perseguir el bien obtenido de forma ilícita y no ser un ‘castigo’ del Estado, por lo que no es una pena adicional.
Camilo Gómez, director de la Agencia de Defensa, dijo que estos casos “pueden afectar los esfuerzos del país en la lucha contra el problema mundial de las drogas y el crimen organizado”.
También señaló que la defensa de los derechos humanos es fundamental, pero que por la cantidad de temas que llegan a la CIDH, debe haber un riguroso filtro “que le permita enfocarse en los casos que realmente impliquen una relevancia sustancial, y así sean procesados con mayor agilidad”.
El Tiempo consultó al Ministerio de Justicia sobre este tema pero no hubo respuesta.
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