El libro Técnicas de masturbación entre Batman y Robin del escritor Efraim Medina Reyes fue uno de los textos que fue entregado para la dotación de la biblioteca del Centro de Formación e Investigación en Energías Renovables (Ciner) y que según la Gobernación de Vichada era la “más grande colección bibliográfica en energías renovables del país”.
Esa fue una de las evidencias que destapó la Fiscalía en la investigación que enreda a los exgobernadores Sergio Andrés Espinosa Flórez y Jose Alberto Perez Restrepo y a varios exfuncionarios del departamento y contratistas.
Durante la audiencia de imputación de cargos contra cuatro personas programada para ayer a la que solo llegó el exsecretario de Planeación, Julio César Flórez—los demás se excusaron por enfermedad—la Fiscalía relató las presuntas irregularidades que se habrían registrado en el contrato para la dotación del Ciner firmado en diciembre de 2015 por 2.318 millones de pesos y en el que se habría configurado un peculado por 1.600 millones de pesos.
La Fiscalía cuestionó que ese Centro fue presentado como un ambicioso proyecto para la investigación de energías renovables y que tenía que tener “la logística necesaria, una infraestructura adecuada para estudiantes de maestría y doctorados, que tuviera laboratorios y libros importantes para la investigación”.
En cambio, dijo el fiscal anticorrupción que adelanta el caso, se contrató a una reconocida editorial a la que se pidieron textos de referencia como si se fuera a dotar una biblioteca tradicional. Esa editorial, afirma la Fiscalía, entregó su listado de libros, que no tenían relación con la investigación de energías renovables.
Se contrató el software para la administración de los libros en el “elefante blanco” y aunque costó alrededor de 23 millones de pesos allá lo pasaron por 200 millones
De hecho señaló el ente acusador, se buscó a la editorial antes de que se adelantara el proceso de adjudicación del contrato y a través de otra empresa se le compraron los libros que luego fueron entregados al supuesto centro especializado de investigación en donde “nisiquiera se destaparon” y solo se buscaba que los funcionarios vinculados al caso se quedaran con dinero de las regalías “en un departamento con muchas necesidades”.
La Fiscalía señaló que con esa misma editorial se contrató el software para la administración de los libros en el “elefante blanco” y aunque costó alrededor de 23 millones de pesos “allá lo pasaron por 200 millones y tampoco se encontró”.
Los investigadores señalaron que la editorial no tuvo que ver con las irregularidades y solo fue usada para la legalización de los contratos. Tampoco se cuestionó la calidad de los libros, sino el hecho de que no estaban relacionados con la investigación.
De hecho, los peritos buscaron en Bogotá a las demás personas que supuestamente entregaron cotizaciones para el suministro de los libros especializados y no fueron encontradas.
Igualmente se encontraron libros de literatura y otros de asuntos políticos pero ninguno relacionado con energías renovables.
“El objetivo era tener libros especializados y se compraron libros ajenos al objetivo. La idea era generar conocimiento específico y eso no sucedió”, cuestionó la Fiscalía.
El ente acusador sostuvo que hubo una alianza criminal con participación de altos funcionarios del departamento de Vichada para quedarse con los recursos públicos.
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