William del Nogal: Procuraduría pide explicaciones al Gobierno sobre préstamo a Avianca – Servicios – Justicia


William del Nogal



En la mañana de este lunes, el procurador Fernando Carrillo, dio a conocer una carta que le envió al presidente Iván Duque, en la que le solicita explique- a través de 18 preguntas – “las razones que motivaron el anuncio de un préstamo de hasta $ 370 millones de dólares a la empresa (Avianca) sin que se incluya a otros países de la región”, señala el Ministerio Público.

Carrillo le pide al Gobierno “transparencia” en el proceso de salvamento a la aerolínea y claridad sobre “cómo superarán los riesgos ante la magnitud de los dineros públicos que está utilizando”.

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El fin de semana, el Gobierno dio a conocer que se aprobó un préstamo para Avianca de US$ 370 millones – por 18 meses – como parte del plan de salvamento de la aerolínea, lo que ha generado diversas reacciones.

En la carta, carrillo asegura que hay que explicarle a la opinión pública cómo esta empresa panameña, con deudas del orden de los US$ 5.000 millones o más, que son anteriores a la pandemia por el coronavirus, podría salvarse con un financiamiento como el que plantea el gobierno.

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De igual forma, señaló que aunque Avianca es la compañía de mayor cobertura y la más antigua en Colombia, no es la única aerolínea que presta el servicio de transporte público nacional en el país.

De acuerdo con el Ministerio Público, por esta situación surgen varios interrogantes, los que plantean en la misiva dirigida a Duque.

” ¿Fueron consideradas otras alternativas con cálculos y proyecciones? ¿Cuenta el gobierno nacional con un soporte idóneo para la decisión que anunció? Si ello es así ¿Por qué no ha sido conocido dicho soporte técnico y financiero por el país? ¿Cómo asegurará el gobierno nacional que este objetivo de interés nacional se cumpla? ¿Como garantizará que los dineros se destinen a estos fines, y que esos recursos se puedan recuperar? ¿Cómo determinó el monto del rescate y cuáles fueron los cálculos y proyecciones en que se basó? ¿Estimó su término de duración? ¿A qué entendimiento llegó con los acreedores mayoritarios al comprometer estos sustanciales recursos públicos?”.

Otras preguntas que le plantea el Procurador a Duque se refieren a que si, “¿Ofrecerán los accionistas o los acreedores alguna garantía por los dineros que el Estado colombiano va a aportar a Avianca? ¿Asumieron los accionistas o los acreedores algún compromiso correlativo al del gobierno nacional? ¿Se asumieron compromisos adicionales, en particular en cuanto a la permanencia de la actual administración, la llegada de una nueva, o el regreso de anteriores administradores, cuya situación legal debería aclararse antes de permitírseles reasumir el control de una empresa parcialmente financiada con dinero del Estado?

¿Cómo serán los desembolsos y cuál será la ley aplicable a los mismos -nacional o extrajera-? ¿Qué incidencia fiscal tendrán? ¿Cuál será el mecanismo de acompañamiento que establecerá el gobierno nacional a esta operación para que los recursos se destinen a lo que debe ser? ¿Va a haber créditos similares para otras aerolíneas en momentos en que se debe mantener la competencia en sectores estratégicos?”.

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El jefe del Ministerio Público “lamentó” que el  Ministerio de Hacienda no revelara “la información sobre las evaluaciones previas, condicionamientos y mecanismos previstos para que el financiamiento no ponga en riesgo los recursos del Fome” (Fondo de Mitigación de Emergencias), que se nutre de recursos del Fondo de Ahorro y Estabilización del Sistema General de Regalías y del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales, “teniendo en cuenta el contexto de una insolvencia transfronteriza en curso que aparentemente cobija varias empresas del conglomerado Avianca”.

El Ministerio de Hacienda no revelara la información sobre las evaluaciones previas, condicionamientos y mecanismos previstos para que el financiamiento no ponga en riesgo los recursos del FOME

En la carta Carrillo señala que si bien es cierto que el Decreto 444, – expedido al amparo de la emergencia sanitaria- y que faculta al Gobierno para apoyar financieramente a empresas que desarrollen actividades de interés nacional, no definió qué se debe entender por tales actividades, ni fijó criterios para priorizar, es necesario que todas las acciones desplegadas de desarrollen de cara a la opinión pública.

“Pero en aras de los principios de transparencia y objetividad que obligatoriamente deben presidir toda decisión de gobierno, -en especial si compromete recursos públicos-, debe ser explícito el concepto de actividad de interés nacional, así como los criterios de priorización entre distintas actividades de tal tipo”, afirma Carrillo en la misiva.

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El Procurador afirma que ante las graves consecuencias que deja la emergencia sanitaria por el covid-19, la decisión del gobierno de adelantar un plan de salvamento para Avianca, que debió contemplar todas las opciones disponibles, debe estar encaminada exclusivamente al interés nacional de evitar trastornos en la prestación del servicio aéreo, asegurando su continuidad y la seguridad de los usuarios.

“El Ministerio Público considera necesario no olvidar que el objetivo de esta operación no es realmente rescatar a una empresa específica ni a empresario o accionista alguno de la quiebra, sino garantizar la continuidad en la prestación de un servicio, la conectividad aérea de los colombianos y la actividad económica en general, es decir, el objetivo estatal es proteger una actividad de interés nacional. La Procuraduría General de la Nación cree que el gobierno nacional debe responder de cara a la ciudadanía todos estos interrogantes, antes de continuar con esta operación y realizar desembolsos de dineros en el proceso de reorganización de Avianca Holdings”, se lee.

Carrillo Flórez advirtió sobre la necesidad de que el país conozca cómo se protege la Nación contra el riesgo de terminar convertida en accionista minoritaria de Avianca, actualmente en proceso de reorganización en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, teniendo en cuenta que no existe sustento para imponerles a los accionistas el deber de comprar la participación del Estado en un plazo corto, ni la de ceder el control de la empresa a un accionista mayoritario capaz de gestionarla adecuadamente, como manda el Decreto 811 de 2020.

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