En Cauca deben priorizar sustitución sobre erradicación de cultivos – Conflicto y Narcotráfico – Justicia




Un fallo de tutela de segunda instancia ordena a la Agencia de Renovación del Territorio y al Ejército Nacional que “cada vez que se vaya a adelantar procesos de erradicación forzosa deberá realizar procesos de información, persuasión y participación de las comunidades campesinas de los municipios Caloto, Cajibío y Piamonte”, en el departamento de Cauca.

La decisión, del Tribunal Contencioso Administrativo de Cauca, también les ordena a la Agencia y al Ejército “la suspensión inmediata de los operativos de erradicación forzosa de cultivos ilícitos” en esos mismos municipios, “donde no se haya intentado previamente la sustitución voluntaria”.

(Lea también: En operativo murió ‘Pueblo’, primo del jefe del ‘clan del Golfo’)

Esta orden del Tribunal se basa en el auto 287 de la Corte Constitucional, que precisó la jerarquía entre los medios de erradicación de cultivos de uso ilícito, poniendo la sustitución voluntaria por encima de la erradicación forzada, “de manera que ésta sólo procederá en caso de que fracase la primera”.

Esta decisión revoca el fallo de primera instancia, del 8 de julio, en el que un juzgado del Circuito de Popayán había negado la acción de tutela interpuesta por señalar que algunos de los accionantes no eran directamente afectados, lo que fue desestimado por el Tribunal.

Así, el Tribunal señaló que no es cierto lo señalado por entidades del Gobierno, en el sentido de que podían utilizar la erradicación forzada o las aspersiones aéreas sin acudir primero a acuerdos de sustitución.

El fallo dice que, citando el punto 4 de los acuerdos de paz, sobre el problema de las drogas ilícitas, y la decisión de la Corte Constitucional, existe la jerarquía mencionada, teniendo en cuenta también el respeto por los derechos humanos.

Por lo tanto, el Tribunal tuteló el derecho al debido proceso, violado por el Ejército Nacional al tratar de erradicar forzosamente sin seguir antes la ruta establecida en la jurisprudencia sobre la lucha contra las drogas.

(Le recomendamos: Indígenas denuncian ataque del Ejército que deja dos muertos en Cauca)

En el proceso, el Ejército ni siquiera socializó con las comunidades lo que se iba a hacer, con lo cual se habrían vulnerado sus derechos a la información y la participación. Incluso, el Tribunal conminó al Gobierno a recordar el tratamiento diferenciado a los eslabones más débiles del narcotráfico, en lugar de la estigmatización y criminalización, en línea con el Acuerdo de Paz.

Aclara el Tribunal, sin embargo, que no se trata de “proteger el narcotráfico ni las grandes extensiones de cultivos ilícitos”, sino los pactos del Acuerdo de Paz y los protocolos de erradicación de cultivos ilícitos, “salvaguardando al campesino humilde y trabajador que se ha visto obligado a sembrar esta clase de cultivos por la pobreza en la que se encuentra, cuyas causas son centenarias y demandan la presencia del Estado”.

Los accionantes de la tutela denunciaron uso excesivo de la fuerza, además, en el contexto de riesgo que implica la pandemia de covid-19, y denunciaron un “incumplimiento sistemático” de los acuerdos adquiridos con el Gobierno en el Programa Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (Pnis).

Las denuncias incluyen ocupación de propiedades de campesinos, señalamientos de ser laboratorios de procesamiento de droga, entre otros hechos.

En Cauca, según la Agencia de Renovación del Territorio, hay 5.961 familias vinculadas al Pnis, pero el 75 por ciento solo recibió el primer pago de asistencia inmediata para la sustitución.

JUSTICIA
Twitter: @JusticiaET
Justicia@eltiempo.com 

Previous La Superintendencia de Sociedades declaró la terminación del proceso de liquidación de THX Energy
Next Parque La Colina lanzó un servicio para pagar el parqueadero a través de una aplicación de celular