Una por una, cuáles son las leyes que el Gobierno quiere sacar sí o sí en el segundo semestre



Con la “nueva normalidad” a la vuelta de la esquina, el Congreso se prepara para tratar una serie de proyectos de ley con impronta albertista. Algunos, como el de la moratoria para todos, el apuntalamiento del sector turístico y el impuesto a las grandes fortunas, fueron impulsados por el Ejecutivo como consecuencia de la crisis económica desatada por la cuarentena. Otros, en cambio, debieron ser cajoneados hasta nuevo aviso por la pandemia de covid-19, como la legalización del aborto o la reforma judicial que, en las últimas horas, el Presidente volvió a poner sobre la mesa. A esto se le suma el Presupuesto 2021, en el que el oficialismo ya viene trabajando.

De marzo a la fecha, el aislamiento social también modificó la dinámica del Congreso. Luego de semanas de parálisis, ambas cámaras pusieron en marcha -con diferencias- las sesiones remotas o “telemáticas”. Si bien esta modalidad provisora facilitó el tratamiento y sanción de leyes, en buena medida, fueron iniciativas que contaban con amplio consenso por parte de las distintas bancadas. Las limitaciones técnicas y las restricciones a la puesta en escena hicieron que una serie de iniciativas quedaran en el tintero. Pero todo indica que más temprano que tarde, serán puestas a discusión.

Una de ellas es la moratoria “para todos”, una de las pocas iniciativas económicas impulsadas a raíz de la crisis económica producto del coronavirus que ya ingresó por Mesa de entradas (además del fomento al turismo) y de las que se conoce la letra chica.

Se trata de una ampliación del alcance de la Moratoria 2020 creada por la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, sancionada en diciembre, para incluir a todos los contribuyentes que originalmente no habían sido contemplados y aliviarla carga de las deudas acumuladas durante la pandemia del covid-19.

Una por una, cuáles son las leyes que el Gobierno quiere sacar sí o sí en el segundo semestre:

A grandes rasgos, el proyecto amplía el universo de contribuyentes que pueden adherirse a la moratoria vigente a todas las personas jurídicas y humanas para ofrecer alivio, pudiendo regularizar sus deudas los contribuyentes que no podían acceder en los términos de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. Además, permitirá incluir deudas vencidas hasta el 30 de junio de este año y será posible adherir hasta el 31 de octubre de 2020.

En tanto, establece que la primera cuota vence el 16 de noviembre y que, según el tamaño de las empresas e individuos que se adhieran podrán regularizar sus deudas en hasta 96 o 120 cuotas para las obligaciones tributarias y aduaneras. Además de que los plazos serán de hasta 48 o 60 cuotas para las obligaciones correspondientes a los recursos de la seguridad social.

Si bien buena parte del arco opositor se expresó su acompañamiento a la medida por la situación excepcional que atraviesa el país,salvo la izquierda, tanto Juntos por el Cambio como Consenso Federal expresaron sus reparos al respecto.

Por caso, ambas bancadas proponen que se les otorgue “un premio” a aquellos contribuyentes que sí cumplieron con sus obligaciones tributarias. En este sentido, el diputado Hugo Romero, con el acompañamiento del presidente de la UCR Alfredo Cornejo, presentaron un proyecto de ley para que a los contribuyentes que sí cumplieron con sus obligaciones tengan derecho a un crédito fiscal en concepto de compensación por las infracciones efectivamente canceladas.

Según pudo saber El Cronista, este fue uno de los puntos que ayer Cornejo le planteó al Presidente, durante la reunión virtual que mantuvieron los referentes del bloque con el Jefe de Estado.

En tanto, la bancada que preside Alejandro “Topo” Rodríguez ya dejó en claro que acompañarían la medida (pese a su postura en contra, ya que el contexto de pandemia lo “justicia”), pero también propondrá -igual que JxC- que el texto incluya una compensación para aquellos contribuyentes que sí hicieron el “esfuerzo” por cumplir con el pago de sus impuestos. Por caso, una desgravación a futuro.

Además, la bancada pedirá que el proyecto de ley incorpore una iniciativa que impulsaron los otros dos diputados del espacio: Graciela Camaño y Jorge Sarghini, para suspender las ejecuciones patrimoniales y los pedidos de quiebra hasta el 31 de marzo del año próximo.

De todas formas, por estas horas, el bloque lavagnista analiza si tendrá alguna implicancia la incorporación -a diferencia de moratorias anteriores- de los impuestos sobre combustibles y sobre la realización de apuestas en juegos de azar.

De hecho, en este sentido,según pudo saber este medio, en las próximas horas, Sarghini presentará un proyecto de ley alternativo para excluir de la moratoria al juego online así como también a quienes estén en quiebra. En tanto, el proyecto incluirá un “premio” para los buenos contribuyentes.

Fomento del turismo
El proyecto de ley que aspira a apuntalar a uno de los sectores más golpeados por la cuarentena y que ya obtuvo dictamen en una de las comisiones que lo tratará consiste en fomentar el consumo turístico. ¿De qué manera? Entre otros ítems, el texto que fue impulsado por el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, incluye la entrega de cupones de crédito equivalente al 50% del valor de cada operación de compra anticipada de servicios turísticos. Esto implicaría una inyección de 33.000 millones de pesos este año y un costo fiscal de 16.500 millones de pesos.

El cupón que recibirían los consumidores sería el equivalente al 50% de la precompra realizada durante la duración del programa. Fernández se reunió ayer con jefes de bloque.

Bajo el nombre de Programa de Preventa de Turismo, este ítem tiene como objetivo “impulsarla venta futura de paquetes y servicios de turismo interno para lograr ingresos genuinos en el sector hasta tanto se normalice su situación”.

“Las precompras se realizarán durante la extensión del programa en 2020 y el crédito otorgado deberá utilizarse durante 2021 en nuevas compras en el sector (cualquier factura correspondiente a los agentes estipulados en la Ley Nacional de Turismo)”, aclararon desde el Ministerio. Al tiempo que detallaron que “la comercialización los bienes/servicios turísticos (pasajes, hoteles, excursiones y/o paquetes) estará a cargo del sector privado”.

Esta iniciativa fue duramente cuestionada por la oposición, especialmente, por el presidente de la comisión de Turismo, Cornejo. “No establece emergencia. Crea un plan, que dura hasta diciembre de 2020 y lo único que establece es un plan de aliento al consumo turístico, una línea de créditos, un programa de capacitación para el sector y considera el tema devoluciones (como consecuencia de la cancelación de servicios como consecuencia de la pandemia)”, argumentaron desde su entorno.

Impuesto a las grandes fortunas
Mucho se escribió sobre el proyecto de ley que el líder de la bancada oficialista Máximo Kirchner le encomendó al diputado Carlos Heller, pero, el texto sigue sin conocerse. De todas maneras, el banquero ya dio algunas pistas sobre el aporte que -insistió- será por única vez.

Entre otros ítems, Heller aclaró que este gravamen excepcional permitirá recaudar unos US$3.000 millones y alcanzaría a las personas físicas que tienen un patrimonio de por encima de los US$3 millones. Esto es, unas 12.000 personas.

Mientras el proyecto sigue sin ser presentado, pese a que el propio Heller ya dijo que lo tiene “listo”, los senadores de Juntos por el Cambio presentaron un contra-proyecto, que obliga a hacer inversiones productivas a quienes posean patrimonio por encima de los $ 200 millones.

Reforma Judicial
Una de las grandes promesas de Fernández cuando arribó al poder fue impulsar una reforma judicial. Pero, la aparición de la pandemia obligó al oficialismo a dejar de lado por un tiempo este proyecto que ya está “listo” y que, en las últimas horas, volvió a ser puesto sobre la mesa por el propio mandatario.

“Necesitamos una Justicia que funcione”, dijo el lunes al hacer alusión a la iniciativa cuya redacción quedó en manos de la ministra de Justicia Marcela Losardo. En este sentido, consideró que “es hora de debatir” sobre el asunto, para alcanzar“un sistema judicial digno”.

Si bien el texto aún no se conoce, y por su complejidad seguramente será tratado recién una vez que se retomen las sesiones presidenciales, tiene el ojo puesto, entre otros ítems, en el funcionamiento de la Justicia Federal y de la Corte Suprema -más allá del número de sus miembros que,según dijo meses atrás, “no se debería modificar”.

En declaraciones hechas a lo largo de estos meses, el Presidente explicó que la iniciativa “intenta resolver el tema penal fundamentalmente y el tema contencioso administrativo y civil y comercial federal”. Así como también, “trata de ordenar el sistema, terminar con esos espacios cerrados que le permitían a pocas personas manejar un poder enorme”.

Presupuesto 2020, aborto y más
La legalización de la interrupción voluntaria del embarazo y la creación de un Consejo Económico y Social son otras de las promesas de Fernández que debieron ser frenadas como consecuencia del coronavirus. Pero que, probablemente volverán a serimpulsadas una vez que la pandemia quede atrás.

En tanto, antes de diciembre, el Congreso deberá tener lista la nueva fórmula de cálculo de la movilidad jubilatoria. Mientras tanto, las actualizaciones de los haberes previsionales seguirán siendo vía decreto, pese a los pedidos por parte de JxC de que se retome la fórmula sancionada durante la era macrista.
En cuanto al Presupuesto 2021, desde el oficialismo ya se pusieron a trabajar para presentarlo, tal como está establecido por ley, antes del 15 de septiembre. Y, pese a los pedidos de la oposición, este año habrá culminado con la reconducción del Presupuesto 2019.

De todas maneras, el oficialismo ya dejó en claro que en los próximos días enviará a la Cámara baja una iniciativa para ampliar el presupuesto. Este anuncio sorprendió a la principal bancada opositora, Juntos por el Cambio. Es que, suele hacerse vía DNU.

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