Zoom se convierte en la plataforma para dictar penas de muerte durante pandemia por covid-19 – Investigación – Justicia




Cárceles con hacinamiento e insalubridad agravados, detenciones arbitrarias, respuestas policivas excesivas, y una reducción en el acceso a servicios judiciales, especialmente en lugares remotos.

Estos son algunos de los impactos que el coronavirus ha tenido en los sistemas judiciales penales en el mundo, según la ONG Fair Trials, hub de expertos en el derecho a un juicio justo y al debido proceso, que lanzó en marzo el ‘Covid-19 justice project’, un mapa mundial público con la situación de los países en temas como cárceles, acceso a abogados, nuevos delitos, justicia remota, entre otros.

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Gracias a ese seguimiento, que hacen en alianza con ONG internacionales como Leap, y bufetes de abogados, han identificado casos como el del Servicio de Procesamiento de la Corona (CPS, por su sigla en inglés), en Londres.

Esta entidad, similar a la Fiscalía en Colombia, está incurriendo en un excesivo procesamiento de personas por supuestas violaciones de las normas de emergencia por covid-19, a tal punto que llegó a imputar cargos a un habitante de calle  por violar la cuarentena y “salir de su vivienda”. Esa imputación fue criticada hasta por el juez al que le correspondió el caso.

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También han llegado reportes como el de Rumania, donde cuatro funcionarios de un hospital están siendo investigados penalmente por negarse a transferirse a un centro médico con coronavirus. Y el de Bulgaria, donde van más de 1.250 investigaciones y 39 condenas por violaciones a las restricciones, muchas de esas por comportamientos inofensivos como estar descansando en un jardín tras un temblor de tierra.

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Como estos, en el mapa hay reportes distintos por cada país, que se van actualizando con los días. Fair Trials también hace boletines semanales con algunos de los casos más significativos que han registrado cada semana.

Isabel Roby, oficial de Fair Trials para América, explicó que si bien aún no es posible identificar con exactitud datos como en cuál país se están presentando mayores violaciones, sí han visto en términos generales una excesiva persecución penal, extensión de la prisión preventiva –que contribuye al hacinamiento–, una crítica situación en las prisiones y una afectación del acceso a servicios judiciales.

Esto no solo porque no todos los ciudadanos tienen acceso a internet o computadores, sino porque “muchos países sin infraestructura corren el riesgo de afectar los resultados de un juicio justo, ya hay investigaciones desde antes de la pandemia que dicen que hacer los procesos vía web puede afectar los resultados”.

Muchos países corren el riesgo de afectar los resultados de un juicio justo, ya hay investigaciones desde antes de la pandemia que dicen que hacer los procesos vía web puede afectar los resultados

Sobre eso, un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Surrey, Reino Unido, cuyo datos se recopilaron entre mayo de 2018 y agosto del 2019 –pero fue publicado este año– concluye que las personas cuyos casos fueron manejados remotamente son más propensas a ser encarceladas y es menos probable que tengan efectiva representación legal.

Por ejemplo, la ONG ya lanzó una alerta con preocupaciones por el respeto al juicio justo de un hombre que el 4 de mayo, vía la aplicación Zoom, recibió una sentencia a muerte en Lagos (Nigeria). El hombre compareció por video desde prisión, mientras que su abogado lo hizo por videoconferencia desde otro lugar. Fair Trials destacó que no tener al lado a su abogado puede interferir en que los procesados entiendan completamente procesos complejos, así como en que puedan expresar sus preguntas o desacuerdos.

Otro tema que preocupa, explicó Roby, es que no haya suficiente control a las facultades extendidas que los gobiernos tienen al decretar un estado de emergencia, y que una parte de esos nuevos poderes terminen siendo definitivos después de la pandemia.

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El caso de Latinoamérica

Foto de la oficina de prensa de la Presidencia de El Salvador que muestra a los reclusos en la prisión de Izalco, al noroeste de San Salvador, durante una operación de seguridad dentro de la pandemia.

Foto:

Presidencia de El Salvador / AFP

En cuanto a Latinoamérica, Verónica Hinestroza, experta en DIH, comentó que los niveles de burocracia impiden responder con más rapidez ante la emergencia, pero considera que lo más grave es que “se ha evidenciado la fragilidad de la democracia frente a líderes de corte autoritario, que aprovechan la emergencia para abusar de su mandato en perjuicio de las garantías fundamentales de la población, como en el caso de Brasil y de El Salvador”.

En Brasil, por ejemplo, se llegó a considerar separar a los presos enfermos por coronavirus dentro de containers, citó la experta, y añadió que en El Salvador el presidente Nayib Bukele ha endurecido las condiciones de las prisiones en donde están pandilleros, a quienes en fotos se les ve sometidos en el piso, casi sin ropa, mientras las ventanas de sus celdas eran selladas.

De otro lado, una de los mayores impactos de la covid-19 en la justicia latinoamericana, dijo Hinestroza, es en las prisiones, en donde el histórico hacinamiento y falta de acceso a servicios básicos condena a los presos “a la enfermedad y, posiblemente, a la muerte en caso de que un brote estalle en las condiciones degradantes que padecen”, dijo.

El hacinamiento y falta de acceso a servicios básicos condena a los presos a la enfermedad y, posiblemente, a la muerte en caso de que un brote estalle en las condiciones degradantes que padecen

En Colombia, las prisiones también son de las mayores preocupaciones, pero también el aumento de la mora judicial al suspender la mayoría de los procesos, al igual que el acceso efectivo a la justicia, pues, aunque la Rama Judicial ha mantenido por web algunos servicios judiciales, no toda la población puede acceder a ellos.

César Valderrama, director de investigaciones en sistema judicial de Dejusticia, comentó que “volver digital la justicia en un país con niveles bajos de acceso a computadores o internet abre una brecha grande en acceso. La virtualidad excluye a un montón de personas”.

Sobre la adaptación que la justicia colombiana ha tenido, la magistrada Diana Remolina, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, explicó que desde los primeros días de marzo han adoptado decisiones para garantizar la continuidad de servicios judiciales, pero reconoció que el hecho de antes de la pandemia el país no tuviera una digitalización de la justicia “incide en las posibilidades de acceso, trámite, y comunicación de los procesos”.

Por su parte, Kenneth Burbano, director del observatorio constitucional de la Universidad Libre, señaló que hay un incremento de situaciones como hostigamientos a personal médico, homicidios de líderes sociales, violencia intrafamiliar, así como delitos de corrupción cometidos por autoridades locales en relación con la compra irregular de mercados y ayudas para la población vulnerable.

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En el tema carcelario, Juan Sebastián Hernández, investigador de Dejusticia, dijo que esto “es una crisis dentro de una crisis”, pues el hacinamiento y las condiciones de las prisiones favorecen el contagio del virus, como ha sucedido en cárceles como la de Villavicencio, que tiene casi 900 contagios.

Frente a esto, el Gobierno ha entregado algunas dotaciones de elementos de salud en las prisiones y sacó un decreto de excarcelación para intentar deshacinar las prisiones y sacar a la población más vulnerable, pero este, dicen expertos, no ha sido muy efectivo.

Tras un mes de la aplicación de la norma van 5.687 solicitudes de excarcelación por ese decreto, informó el Consejo Superior de la Judicatura, que agregó que solo 566 solicitudes se han concedido, algo que impacta poco el hacinamiento carcelario, que está en 42 %: una sobrepoblación de más de 36.000 presos.

MARÍA ISABEL ORTIZ FONNEGRA
Redactora de Justicia
En Twitter: @M_I_O_F
justicia@eltiempo.com

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