Consejo de Estado condena a Fiscalía por tener presos a tres ciudadanos a los que relacionó con Farc – Cortes – Justicia




El Consejo de Estado condenó a la Fiscalía General por la detención injusta que sufrieron tres personas a las que el órgano acusador señaló hace 17 años de ser supuestos milicianos de las Farc en el Cauca.  

Los tres ciudadanos estuvieron detenidos entre diciembre del 2003 y junio del 2004, después de que la Fiscalía inició una investigación penal en su contra por rebelión. 

La Fiscalía se basó en un informe de inteligencia y en testimonios de supuestos exintegrantes de la entonces guerrilla de las Farc, que los señalaban de participar en operaciones armadas en Cauca. 

Para reparar el daño causado, la entidad deberá pagarles a las tres personas y a sus familias más de 362 millones de pesos.

El caso que llevaba la Fiscalía contra los tres ciudadanos fue precluido, por lo que el ente acusador tuvo que ordenar en su momento su libertad. En la preclusión, la Fiscalía concluyó que no había elementos que demostraran, con algún grado de certeza, que las personas señaladas hubieran hecho parte de actividades subversivas. 

Así, la Fiscalía dijo al cerrar el caso que uno de los testigos solo tenía versiones de oídas, y que el otro testigo dio declaraciones falsas, y contrarias a toda lógica. Además, dijo que la investigación había sido apresurada, que no hubo flagrancia porque nunca se encontró ningún elemento de subversión en los investigados, y que las pruebas eran contradictorias. 

Con esa decisión favorable, los tres ciudadanos demandaron a la Fiscalía pidiendo su reparación directa por el tiempo que estuvieron detenidos.

Entre octubre del 2011 y abril del 2014, el Tribunal Administrativo del Cauca emitió los fallos de primera instancia por medio de los cuales se condenó a la Fiscalía a reparar los daños morales y materiales que sufrieron las tres personas por la privación injusta de su libertad. 

En una segunda instancia, el Consejo de Estado ratificó esa decisión y consideró que si bien la legislación vigente en la época le permitía a la Fiscalía emitir la medida de aseguramiento con al menos dos indicios graves de responsabilidad, en el caso particular, la Fiscalía “ni siquiera tenía la certeza de que quienes ofrecieron los testimonios que señalaban a los procesados de integrar las Farc realmente hicieran parte de ese grupo, en aquel entonces en armas”. 

Es por eso que la corporación determinó que la Fiscalía es administrativa y patrimonialmente responsable del daño ocasionado.

JUSTICIA

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