Queda en firme la restricción a porte de armas en el centro del país – Investigación – Justicia




La Décimo Tercera Brigada del Ejército con sede en Bogotá prorrogó por un año la restricción al porte de armas en el centro del país.

Mediante una resolución y teniendo en cuenta un decreto expedido por el Ministerio de Defensa el 30 de diciembre del año pasado, la brigada suspendió “de manera general y determinada la vigencia de los permisos para porte de armas en la ciudad de Bogotá, municipios de Cundinamarca y los municipios de El Calvario y San Juanito, en el departamento del Meta”.

La decisión se toma, dice la brigada, “con el propósito de mantener y preservar la tranquilidad y seguridad en Bogotá, así como en Cundinamarca y el centro del país”.
La misma no estará vigente para los municipios de Simijaca, Susa, Fúquene, Medina y Paratebueno, en el departamento de Cundinamarca, los cuales hacen parte de la jurisdicción de otra unidad militar.

De igual forma, existen excepciones para el personal activo de la Fuerza Pública, congresistas, ministros de despacho, magistrados, jueces y fiscales, entre otros.
Desde 2017, durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, se decretó la restricción nacional al porte de armas como una fórmula para promover la reducción de los homicidios en el país. Santos prorrogó la medida en 2018 y el presidente Iván Duque la mantuvo el año pasado y la extendió para el 2020.

El presidente Duque firmó a final de 2019 la más reciente prórroga de la medida que queda en cabeza de las brigadas militares del país. En ese acto administrativo, la presidencia señala que “el porte de armas promueve la violencia, agrava las consecuencias de los enfrentamientos sociales e introduce un factor de desigualdad en las relaciones entre particulares que no pocas veces es utilizado para fortalecer poderes económicos, políticos o sociales”

Y añade: “Por eso los permisos para el porte de armas solo pueden tener lugar en casos excepcionales. Esto es cuando se hayan descartado todas las demás posibilidades de defensa legítima que el ordenamiento jurídico contempla para los ciudadanos”.

Según la normatividad vigente, quien no acate esa prohibición incurrirá en una conducta que permite a las autoridades decomisar el arma e imponer una multa “sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar”.

REDACCIÓN JUSTICIA
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