Regaño de la Corte a la Fiscalía por dos preacuerdos mal hechos – Cortes – Justicia




La facultad discrecional que tiene la Fiscalía General de la Nación para celebrar preacuerdos, y conceder beneficios a las personas acusadas de delitos, no significa que el ente acusador tenga “poderes arbitrarios e ilimitados para negociar”.

Ese fue el llamado de atención que la Corte Constitucional le hizo a la Fiscalía y a los jueces al evaluar dos tutelas contra dos preacuerdos concedidos por el ente acusador en los que reconoció a los acusados la circunstancia de atenuación punitiva de “marginalidad”. Esa rebaja se reconoce cuando, según el Código Penal, se establece que quien realiza una conducta delictiva lo hace influido directamente por su condición de “marginalidad, ignorancia, o pobreza extrema”.

La Corte les dijo a los fiscales que, si bien tienen la facultad de celebrar preacuerdos, no pueden inventarse nuevos tipos penales, sino que deben adecuar la conducta cometida con la realidad de los hechos.

Así, dice la Corte, para pactar un atenuante como el de la marginalidad, ignorancia o pobreza extrema, “debe mediar evidencia física o información que permita inferir mínimamente no solo que el acusado o imputado se encontraba en dicha situación, sino que la misma influenció directamente la perpetración del delito”.

Debe mediar evidencia que permita inferir mínimamente no solo que el acusado o imputado se encontraba en dicha situación, sino que la misma influenció directamente la perpetración del delito

El primer caso que evaluó la Corte se dio por un preacuerdo que la Fiscalía tramitó con un hombre que disparó con arma de fuego contra un vehículo, en Risaralda. En ese caso el alto tribunal aseguró que no se demostró con evidencias por qué el responsable del delito se encontraba en una condición de pobreza extrema que permitiera rebajarle la pena y concederle beneficios.

El segundo caso se trató de un preacuerdo aprobado por la Fiscalía de Fusagasugá con un hombre acusado de acceso carnal con persona incapaz de resistir, proceso en el que ni siquiera se permitió la participación de la víctima y también se le reconoció la condición de “marginalidad”.

En este caso la Corte dijo que, cuando se está ante delitos de este tipo, que son graves, se debe incorporar en el acuerdo el interés manifestado por la víctima. Esto, “por cuanto su intervención provee a la justicia de información valiosa para determinar si la pena propuesta es aceptable o no en el mejor interés de la sociedad y de la administración de justicia”, dijo el alto tribunal.

Así, dice la Corte, celebrar un preacuerdo por un caso de violencia sexual o violencia contra las mujeres, sin tener en cuenta a la víctima, “puede convertirse en un escenario de violencia de género institucionalizada”.

Celebrar un preacuerdo por un caso de violencia sexual  sin tener en cuenta a la víctima puede convertirse en un escenario de violencia de género institucionalizada

Para la Corte, además, no existía evidencia que permitiera demostrar la situación de marginalidad del victimario que le había reconocido la Fiscalía, ni su relación con el delito cometido.

Por otra parte, la Corte también hizo un llamado a los jueces afirmando que el juez de conocimiento que evalúa los preacuerdos –y que es quien los avala o no- debe cumplir una función de juez constitucional, es decir, no se debe limitar simplemente a verificar aspectos formales de la negociación con la Fiscalía, sino que debe establecer si ese mecanismo cumple o no con los fines para las que se creó. Para la Corte Constitucional, los jueces deben realizar “un control material integral y pleno de los preacuerdos celebrados por la Fiscalía”.

Contra el llamado de atención a los jueces hubo reparos de los magistrados Luis Guillermo Guerrero y Alejandro Linares. Guerrero dijo, por ejemplo, que no le correspondía a la Corte establecer cómo los jueces debían evaluar los preacuerdos, porque en este caso ni siquiera la Corte Suprema de Justicia ha fijado unos parámetros.

Y Linares afirmó que decirles a los jueces cómo deben controlar los preacuerdos “desnaturaliza el sistema penal acusatorio”, y limita las directivas de política criminal en la Fiscalía. Además, dijo Linares, puede afectar la imparcialidad con la que estos funcionarios juzgan estas negociaciones. “El juez sólo debe intervenir cuando se quebranten, de manera ostensible, garantías constitucionales entre las cuales se deben incluir los derechos de las víctima”, dijo.

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