Masacre de Bojayá: El hombre que perdió 32 familiares y 4 amigos en la tragedia – Conflicto y Narcotráfico – Justicia




“Se recogió hasta con pala. Lo que se creía que era un cuerpo, como se pudo se llevó hacia allá”. Las partes que lograron recoger fueron trasladadas a una fosa común de cinco metros cuadrados, de donde la Fiscalía y Medicina Legal, seis días después, exhumaron para comenzar a identificar a los muertos. A 46 centímetros de profundidad empezaron a aparecer las bolsas con los cadáveres. Pero ni el clima ni las condiciones de seguridad permitieron terminar la inspección que realizaba una decena de funcionarios. Varios de ellos terminaron enfermos. La lluvia no permitía continuar las excavaciones.

Un informe de las primeras inspecciones dibujaba así la difícil situación: “Se recomienda en relación con el recurso humano, por las difíciles condiciones climáticas y epidemiológicas de la zona, contar con personal resistente a las condiciones ambientales y que cuente con todas las vacunas que se requieren”. Más adelante, agregaba: “La recomendación técnica es, por la lluvia abundante de la zona, que se tengan motobombas, carpas o un sistema de drenaje, porque se dificultan los trabajos de excavación. Falta de personal, problemas de logística, problemas de seguridad y supervivencia (alimentación y alojamiento), falta de comunicaciones y falta de transporte”.

Las primeras diligencias de la Fiscalía dieron cuenta de 74 muertos y 53 heridos. Los fallecidos terminaron ascendiendo a 79 en la iglesia pero, para la comunidad de Bojayá, allí no estaban recogidas todas las personas que murieron. En este listado, no dieron cuenta de algunas personas que murieron allí, entre ellas, varios bebés en gestación (Ver historia anexa ‘La lucha de Heiler para demostrar que perdió a sus 7 hijos’). Leyner hace cuentas de seis no nacidos, con lo que serían 85 víctimas en la iglesia, más cinco personas que fueron asesinadas en Vigía del Fuerte y siete en Napipí, en el contexto de los mismos enfrentamientos que llevaron a la masacre de Bojayá: 97 en total. 

Leyner cuenta que solo hasta noviembre de 2017 hubo un reconocimiento oficial de que, en las diligencias de exhumación y reconocimiento, algunos cuerpos quedaron juntos y sin identificar. Fueron 15 años de insistencia los que permitieron abrir la posibilidad de que comenzaran a subsanarse los errores que se habían cometido y que tienen hasta hoy sin duelo a los bojayaceños. Y las puertas que tocaron no fueron solo en Quibdó, ni siquiera en Colombia, donde lograron el apoyo de la oficina de Derechos Humanos de la ONU, sino por todo el mundo, con una parada fundamental en La Habana, Cuba.

El 13 de agosto del 2014 fue el primero de los ocho viajes de Leyner a la sede de los diálogos de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc. Desde ese primer contacto con los negociadores, el líder bojayaceño empezó a pedirles lo que llevaba años pidiendo dentro y fuera de Colombia: la exhumación e identificación de su gente. Cuenta que desde el primer viaje, los miembros de las Farc le manifestaron su intención de pedirles perdón. Él, como emisario de su comunidad, quedó con la tarea de consultar si su gente estaba dispuesta a recibirlo.

Y sí, la comunidad de Bojayá sí quiso que le pidieran perdón, pero con condiciones: una de estas, que desde la mesa se presionara la decisión de exhumar a los cuerpos; y otra, que del acto participaran guerrilleros de todos los niveles de las Farc que tuvieron algo que ver con la masacre. “Logramos convertir a algunos miembros de la guerrilla y del Gobierno en aliados del proceso”, cuenta Leyner.

Esa alianza se tradujo, en el 2015, en el comunicado conjunto 62, que abrió la puerta a la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el conflicto. El caso de Bojayá quedó incluido entre las prioridades de ese acuerdo gracias a que las víctimas convencieron a la ONU, primero, y al entonces director de Medicina Legal, Carlos Valdés, después. Él fue hasta la mesa y allí habló de la importancia de identificar a los muertos y desaparecidos para construir la paz, porque para los bojayaceños el perdón debía responderles algunas preguntas: “¿Por qué iban a pedir perdón? ¿Por haber matado a quién? Un perdón, sin claridad de qué fue lo que pasó, ¿qué sentido tiene?”, se pregunta Leyner al recordar esos días.

Con Medicina Legal y la mesa de La Habana de su lado, solo faltaba convencer a la Fiscalía. Para ello, llevaron hasta el pueblo a Eliana Quintanilla, la fiscal de derechos humanos que estaba a cargo del caso. Consiguieron los recursos para pagarle el transporte a ella y su equipo hasta el poblado ribereño, donde sostuvieron reuniones “tensas”. Pero, según cuenta Leyner, lograron sensibilizarla sobre por qué, para ellos, era tan importante volver sobre los cuerpos y obtener la certeza aplazada por tantos años de quién era quién.

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