El viernes pasado, un juez de Bogotá absolvió a Francisco y a Catalina Uribe Noguera en el proceso por el supuesto intento de entorpecer la justicia y favorecer así a su hermano Rafael, el asesino de la pequeña Yuliana Samboní.
El caso pasa ahora al Tribunal Superior de Bogotá. La Fiscalía apelará el fallo, que en buena medida se basa en la tesis de la duda razonable: el ente de investigación no demostró inequívocamente, según el juez de primera instancia, que los hermanos hubieran intentado manipular pruebas para evitar que Rafael Uribe terminara, como terminó, procesado y condenado por el crimen que sacudió a Colombia en diciembre del 2016.
La sentencia, como en todos los casos judiciales, genera debate. Pero, más allá de esto, vale la pena resaltar cómo en cada capítulo de este doloroso caso se demostró que no estamos condenados a la paquidermia eterna de nuestro aparato judicial.
Uribe Noguera fue capturado a pocas horas del crimen y enviado tres días después a la cárcel Modelo para esperar juicio. A finales de marzo del 2018, tras cinco meses de los hechos, fue condenado. Una jueza de Bogotá le impuso 51 años y diez meses de prisión por feminicidio, secuestro y acceso carnal violento agravado. En noviembre, el Tribunal de Bogotá subió la pena a 58 años de cárcel, y la multa pasó de 100 salarios mínimos a 1.223.
La sentencia quedó en firme en menos de un año, y Rafael Uribe Noguera está actualmente en la cárcel de Valledupar, en el pabellón reservado a los más peligrosos asesinos del país.
En cuanto a sus hermanos, la Fiscalía les imputó cargos, fueron a juicio y, finalmente, lograron que se declarara su inocencia. Todo el proceso ha tomado, hasta ahora, 32 meses.
En un país en el que siete de cada diez asesinatos quedan en la más completa impunidad y la mora judicial promedia los siete años, esos resultados son al menos alentadores.
Por supuesto, la indignación nacional y la presión mediática que rodearon el caso han servido para que los engranajes del sistema se muevan y se tomen decisiones. Pero hay otros expedientes tan o más sonados que siguen abiertos.
El Tribunal de Bogotá completa 8 años sin decidir la apelación de la absolución en primera instancia del general Iván Ramírez, uno de los oficiales más cuestionados por el caso del Palacio de Justicia. Y en la Corte Suprema está desde el 2014 la revisión de la condena de 35 años que se impuso contra el general Jesús Armando Arias Cabrales por los mismos hechos.
Que los expedientes judiciales inconclusos, aun después de décadas, no sean la norma es clave para la credibilidad de nuestra justicia. En el caso Uribe Noguera se ha podido, pero la lista de pendientes sigue siendo demasiado larga.
JHON TORRES
Editor de EL TIEMPO
En Twitter: @JhonTorresET
No Comment